29 de septiembre de 2017

CARTA DE SAN JOSÉ, COSTA RICA

Declaración del Grupo de Trabajo CLACSO
Estudios críticos del desarrollo rural y de la Escuela Internacional de posgrado y campesina - Red de posgrados en estudios críticos del desarrollo rural
 Vengo de un lugar de donde una vez la piedra fue canción 
                                                                    Allí donde me abrieron las heridas me brota una flor
Guadalupe Urbina

A lo largo de la semana que va del 17 al 23 de septiembre, confluyeron en la ciudad de San José de Costa Rica dos procesos en suma importantes como parte del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO): la XVII reunión anual del Grupo de Trabajo Estudios Críticos del Desarrollo Rural y la III Escuela Internacional de Posgrado y Campesina “Configuración del capital y del poder en los territorios rurales de América Latina - extractivismo, agrohidronegocios y propuestas de resistencia e integración desde abajo” de la Red de Posgrados en Estudios Críticos del Desarrollo Rural.

Caminos paralelos y hermanados que nos convocaron a intentar ver de manera crítica los procesos que hacen del nuestro un continente convulso, abigarrado y complejo, y a la par buscamos explorar las propuestas de resistencias y alternativas que desde los sujetos y actores rurales, es decir desde nuestra Latinoamérica profunda, se construye.

Critica y alternativa que en esencia debe ser resultado del diálogo con actores sociales mientras compartimos con otros investigadores enfoques y perspectivas y por ello acudimos al llamado un variopinto grupo de representantes indígenas y campesinos, mujeres rurales y de movimientos sociales; responsables de políticas públicas; activistas de organizaciones de la sociedad civil; investigadoras e investigadores provenientes de México, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Cuba, Colombia, Ecuador, Chile, Brasil y Argentina.

A lo largo de estos días los objetos, mapas, letras y palabras que los distintos participantes han vertido, nos han reflejado en la complejidad, diversidad y profunda riqueza de las sociedades rurales en el territorio latinoamericano; pero estas mismas sociedades también se nos muestran desgarradas y defensivas, resultado del proceso continuo de un neoliberalismo que, pese al intento de los llamados gobiernos progresistas, ha recorrido tres décadas hasta afianzarse; de gobiernos “democráticos” que se ciñen a las reglas de mercado y de gobiernos golpistas que no solo nos regresan 40 años, sino que muestran el verdadero rostro del capitalismo mundial; de guerras soterradas que han hecho de la paz un camino sinuoso al que aún no podemos llegar.

Un panorama que nos muestra problemas económicos, crisis políticas y descomposición social que han deteriorado las condiciones y la calidad de vida, acentuado la exclusión sociopolítica y la falta de diálogo, incrementado la violencia y el menoscabo a los derechos humanos, agravado el despojo a las comunidades, el flujo migratorio y la inequidad de género. Y todo esto se manifiesta de maneras concretas:

El mundo rural se ha visto especialmente afectado pues ahí se encuentran los grandes reservorios de biodiversidad, pero también porque esos son ahora las últimas fronteras de tierras que pueden ser convertidas para el cultivo industrial y quizás el extractivismo en tiempos del neoliberalismo sea la forma más rapaz de inserción del capitalismo en el mundo rural.

Biodiversidad que en la voz de campesinos, afrodescendientes y pueblos originarios se vuelve el agua, la tierra, el aire y la producción para su vida, es decir se vuelven territorio. El extractivismo ha devenido en un modelo de desarrollo para muchos países de nuestra América que se manifiesta en la conversión de gigantes extensiones de selvas, bosques y montañas en zonas de producción bajo la figura de monocultivo. En el paso de un par de décadas millones de hectáreas atestiguan la conversión de producción de soya en Brasil y Argentina; de piña, caña, palma africana en el grueso de los países centroamericanos como Costa Rica, Honduras, Guatemala.

Pero no solo modifica la producción, sino que la subvierte totalmente tal como pasa en la extracción minera. Ejemplo dramático que conlleva la apropiación y trasformación de los territorios de pueblos originarios, indios y campesinos, en escenarios marcianos con cráteres gigantescos, que además demandan cantidades gigantescas de agua, tierra y personas. Y en la búsqueda de energía para alimentar la producción y el modo de vida que subyace a esta, en distintitos puntos de la geografía encontramos hoy cientos de aerogeneradores que se apoderan del viento en regiones como el Istmo de Tehuantepec en México; y así como se apropian del aire, lo hacen también del agua poniendo presas y represas hidroeléctricas.

Explotación de la naturaleza y el hombre, es decir del territorio, que significa un atentado permanente a los territorios, pero especialmente a la vida. Ante este panorama, la palabra nuestra declara que:

RECHAZAMOS
Las diversas manifestaciones de despojo, acumulación, desplazamiento, violencia, criminalización, asesinato, exclusión y violaciones a los derechos humanos, territoriales y ambientales que continúan dándose en los territorios rurales latinoamericanos, que trasgreden y pisotean los derechos de los pueblos originarios, indígenas, tradicionales, campesinos, afrodescendientes, pescadoras y pescadores artesanales, que atentan con más fuerza contra las libertades, derechos y la vida de las mujeres y jóvenes del continente. Así como a las élites económicas locales rentistas e intermediarias al servicio de las corporaciones transnacionales.

DENUNCIAMOS
La complicidad de los Estados Nacionales al servicio de las corporaciones transnacionales que solapan y promueven la expansión del capital agroindustrial, en desmedro de la naturaleza, de la pluralidad de formas de existir y de nuestro patrimonio natural y cultural.

CONVOCAMOS
A los pueblos del continente y del mundo a luchar y articular todos nuestros esfuerzos en el combate contra los Estados capitalistas y patriarcales, las corporaciones, las élites rentistas locales y demás instancias que promueven el despojo, la expropiación, la criminalización, con consecuencias nefastas para toda la humanidad, especialmente:

• La consolidación y expansión del capitalismo rural, con la consecuente apropiación de los territorios de comunidades originarias, indígenas, tradicionales, campesinas, afrodescendientes, pescadoras artesanales en nuestros países;

• Las actividades extractivas, minería a cielo abierto, megaturismo corporativo, proyectos hidroenergéticos, explotaciones forestales;

• La expansión de la frontera agraria en la producción de monocultivos;

• La utilización de semillas transgénicas, agroquímicos y hormonas de rápido crecimiento en animales;

• La monopolización de toda la cadena productiva por parte de las corporaciones multinacionales;

• La malnutrición motivada por las grandes cadenas de comida rápida como Mc Donalds, KFC, Burger King, etc. y los alimentos ultraprocesados;

• La presión de organismos internacionales que fracturan el tejido social, destruyen las economías campesinas, y socaban las formas culturales y de relacionamiento social;

• La dependencia a los mercados internacionales y a las bolsas de valores que generan especulación financiera global;

• Las distintas formas de violencia que padecen día a día las mujeres;

• La cooptación y el clientelismo que han promovido los gobiernos de turno con el fin de dividir a las organizaciones sociales;

• El hostigamiento, persecución, criminalización sistemática y desaparición de líderes y lideresas sociales que reivindican las luchas comunales en sus territorios, lo que provoca desmovilización organizativa de los movimientos sociales.

Al mismo tiempo nos sumamos a la lucha por la vida que llevan adelante los pueblos originarios, indígenas, tradicionales, campesinos, afrodescendientes, pescadores artesanales, hombres y mujeres de todo el continente en la construcción de agriculturas alternativas y agroecológicas que promueven la producción de alimentos sanos y culturalmente apropiados para sus familias y para los consumidores de las ciudades como alternativa concreta y eficiente para enfrentar los crecientes efectos del cambio climático provocados por el modelo industrial de producción económica en el campo y la ciudad.

Igualmente decimos que acompañamos y nos comprometemos con cada uno de los procesos de resistencia impulsados en todo el continente por organizaciones campesinas, indígenas, de mujeres, jóvenes y más, especialmente de las mujeres, cuya voz interpela y mantiene viva las luchas históricas por el territorio, la vida y la defensa de las semillas, el agua y la tierra.

De manera especial apoyamos la lucha de las organizaciones de la hermana nación de Costa Rica, cuya grave y creciente problemática ha sido largamente invisibilizada bajo el discurso de la paz y la prosperidad del discurso de la “Pura Vida”.

A su vez, respaldamos la continuidad del proceso revolucionario en Cuba y su generosa producción agroecológica en el campo y en las ciudades.
En este sentido

¡EXIGIMOS!

• Un alto a la criminalización, represión, asesinatos de los pueblos originarios, indígenas, tradicionales, campesinos, afrodescendientes, pescadoras y pescadores artesanales;

• Inmediato encarcelamiento y condenación de los responsables por asesinatos de integrantes de los pueblos originarios, indígenas, tradicionales, campesinos, afrodescendientes, pescadoras y pescadores artesanales;

• Destitución de Michel Temer de la Presidencia de Brasil y su inmediata prisión y condena por jefe de cuadrilla de corrupción, juntamente con su cúpula ministerial, diputados y senadores que mancomunados con corporaciones del agrohidronegocio asaltan al pueblo brasileño. Con el pueblo de Brasil gritamos “¡Fuera Temer”!;

• Aparición con vida y justicia para los 43 estudiantes rurales de Ayotzinapa y los miles de desaparecidos en toda Latinoamérica. Con el pueblo de México exigimos: ¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!;

• La libertad inmediata de los 1,025 presos políticos, que pese a estar amnistiados, aún continúan en las cárceles colombianas, en detrimento de los acuerdos de paz;

• La aparición con vida de Santiago Maldonado y el cese de hostilidades contra la Comunidad Mapuche;

• La no explotación al parque nacional Yasuni ITT y justicia para el pueblo Shuar Arut;

• Eliminación de todas las leyes, planes y normas impeditivas del intercambio de semillas nativas o criollas y las prácticas tradicionales de crianza de animales;

• La eliminación del bloqueo geopolítico impuesto por Estados Unidos a Cuba y inmediata devolución de la base naval de Guantánamo restituyendo la soberanía territorial por parte del pueblo cubano;

• Justicia frente a las sistemáticas atrocidades sufridas contra dirigentes sociales en Colombia, Honduras, Ecuador, Costa Rica, Guatemala, Brasil, Argentina, etc. Especialmente a la compañera Bertha Cáceres, José Ángel Flores, José Alfredo Rodríguez y Flavio Gabriel Pacífico dos Santos, entre otros tantos otros.

Finalmente nos solidarizamos con los hermanos mexicanos afectados por el terremoto, así como con todas las poblaciones del Caribe y Norteamérica azotadas recientemente por los huracanes y tormentas tropicales.

San José de Costa Rica, septiembre de 2017


Grupo de Trabajo CLACSO
Estudios críticos del desarrollo rural
Escuela Internacional de posgrado y campesina
- Red de posgrados en estudios críticos del desarrollo rural 

26 de septiembre de 2017

Crisis y disputa política en ciernes

Mario Sosa

La crisis política se ha extendido. Alcanza también al Organismo Legislativo. Esto se explica por la resistencia férrea que mantiene la articulación de estructuras políticas, económicas y mafiosas que unieron intereses en torno al FCN-Nación para defenderse de la amenaza por procesos de investigación y judiciales, así como por el aumento del rechazo de distintas fuerzas sociales y políticas. Lo previsible es que su fuerza sea diezmada y eventualmente sustituida en el control tanto del Legislativo como del Ejecutivo.

De ocurrir tal desplazamiento, este no necesariamente implica la desaparición de dichas estructuras, ya que en su carácter de redes pueden mutar y trasladarse a otras empresas partidarias y fuerzas políticas que incluso podrían estarse gestando ya, de cara a la siguiente contienda electoral. Así sucedió cuando migraron rápidamente del PP y de Líder al FCN-Nación, pasaron a integrar el bloque de partidos que controlan el Congreso de la República y vincularon a un tercio de las alcaldías municipales, a un conjunto de medios de comunicación masiva y a algunos cuadros secundarios en el Organismo Judicial.

Las evidencias procedentes de la investigación y el procesamiento de partes de estas estructuras informan que estamos ante redes de políticos, de funcionarios públicos, de militares y exmilitares, de empresarios tradicionales y emergentes y de criminales per se que se articulan dentro y fuera del Estado para el control de la institucionalidad y de la política pública. Su objetivo es extender y aumentar el control del mercado lícito e ilícito, la acumulación de capital y el enriquecimiento procedente de la corrupción y del saqueo de los bienes comunes.

Lo anterior implica que los segmentos visibles y no visibles de las redes y actores legales y legítimos que hoy están atrincherados también accionan para frenar los procesos de investigación y enjuiciamiento en su contra y garantizar que el actual gobierno concluya su período. Es en este marco en el que debe comprenderse la campaña política con la que se intenta detener y desvirtuar la acción de la Cicig y del MP y las movilizaciones masivas mediante las cuales se exige el antejuicio, la investigación, la renuncia y el enjuiciamiento del presidente, la depuración o disolución del Congreso, reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (entre otras normas) y la convocatoria a una asamblea nacional constituyente para la redacción de una nueva Constitución que funde un nuevo Estado.

Acudimos entonces a una disputa cuyo resultado dilucidará hasta dónde se logra el enjuiciamiento, la captura y el desplazamiento de quienes integran estas redes y estructuras. Esta disputa dependerá, desde mi punto de vista, de la decisión y la capacidad de segmentos de poder dominante para lograr tal objetivo y de la movilización social, que tiene como móvil inicial la indignación, el rechazo de la corrupción y la depuración de la Presidencia y del Congreso.

En el primero de los casos, pareciera que Estados Unidos, en el desarrollo de su estrategia y de sus acciones procedentes del Departamento de Estado, operadas por congresistas y funcionarios gubernamentales y por su embajada en el país, está decidido a avanzar en sus planes injerencistas. En especial, con la imposición de su agenda, que se traduce en la búsqueda de que las investigaciones de la Cicig y del MP logren procesar a funcionarios del más alto rango, como sucedió con el gobierno anterior y como sucede con el actual. También pareciera que algunos grupos empresariales —en coincidencia con la Embajada de Estados Unidos—han decidido el retiro de su apoyo al Gobierno, lo cual se manifiesta en la renuncia de los ministros de Finanzas, Gobernación y Trabajo.

Con relación a la movilización social, esto dependerá de la agenda que se logre madurar y convertir en hegemónica en este marco: una agenda acotada y conservadora o una estratégica y transformadora. Asimismo, dependerá de cuál será la estrategia, la capacidad organizativa (de articulación) y la capacidad para dilucidar los espacios, los tiempos y el tipo de acciones convenientes y necesarias para impulsar los objetivos que se propongan.

En un contexto en el cual los múltiples intereses, estrategias, etcétera, están en marcha y los procesos de investigación y hallazgos de corrupción y crimen siguen comprometiendo aún más al Organismo Ejecutivo y al Legislativo, la continuidad inmediata de la crisis está asegurada y podría extenderse y profundizarse.


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Gobierno en crisis

Mario Sosa

La crisis del gobierno de Jimmy Morales era previsible, ya que es resultado de una elección amañada y una salida a la crisis de 2015 que no resolvió las causas fundamentales que la generaron. También era previsible por el círculo de poder del presidente, integrado por grupos vinculados con violaciones de derechos humanos y hechos ilícitos, así como por las incapacidades y ejecuciones erróneas de aquel.

No es extraño, pues, que el detonante de esta crisis sea el muy probable involucramiento delictivo del presidente en el financiamiento ilícito de su campaña cuando era secretario general del partido FCN-Nación. Este hecho tiene como antecedente las inconsistencias contables en 2014 y 2015, que provocaron la sanción del Tribunal Supremo Electoral a dicho partido en 2016. A esto se suman los intentos fallidos del Ejecutivo de lograr la sustitución del comisionado de la Cicig y su posterior expulsión del país luego de declararlo no grato. Esto hizo que el Gobierno quedara aún más en entredicho, principalmente porque el presidente es parte investigada en un contexto en el cual la Cicig y el MP cuentan con opinión pública favorable gracias a sus resultados.

Lo anterior constituyó un factor grave que ahondó el proceso de desgaste y de pérdida de legitimidad del gobierno de Morales, sobre el cual pesan ahora señalamientos por su acción oficiosa a favor de sectores oscuros que intentan mantenerse impunes. No obstante el revés al antejuicio vivido el 11 de septiembre, el riesgo de su relevo continúa. En este marco, es posible una sustitución presidencial al estilo de 2015, de la cual no está exento tampoco el vicepresidente Jafeth Cabrera, dados los indicios de que también él pudo haber aceptado financiamiento ilícito.

Quienes controlan los hilos de poder podrían proceder —ciertamente presionados— de la manera como lo hicieron con Pérez Molina y Baldetti, es decir, operando las instituciones para sacrificar figuras políticas prescindibles. De hecho, cuentan con los recursos y las capacidades de poder para decidirlo. Esto podría suceder, dado que las posibilidades de maniobra del gobernante pueden debilitarse fácilmente. Los apoyos públicos y tras bambalinas, incluso el de más de algún grupo corporativo empresarial, parecieran ser insuficientes para evitar un desenlace desfavorable para el gobierno. Además, crece la movilización ciudadana y la opinión de que el presidente sea investigado y procesado, posición que aparentemente es la misma de la Embajada de Estados Unidos. Por su parte, el Cacif, pese a que ha manifestado su acuerdo con la Cicig, presenta un ejercicio de poder dudoso y más pareciera apoyar a Morales por las implicaciones que el caso podría tener para varios empresarios grandes.

Ya que el Congreso improbó el antejuicio contra el presidente —a pesar de las evidencias irrefutables—, la crisis se amplía y profundiza. Con el desgaste que pesa sobre este organismo, es susceptible de convertirse en un objetivo de depuración por la ciudadanía y por poderes como la Embajada de Estados Unidos. Si la presión interna y externa se incrementa y se suman otros casos de relevancia investigados por la Cicig, como Odebrecht, la demanda de relevo presidencial y la depuración del Congreso podrían imponerse como una salida en un momento determinado.

Así las cosas, estamos ante un gobierno que presenta una fuerte ilegitimidad por desconfianza, descontento y desaprobación; que tiene dificultades para lograr resultados; que enfrenta renuncias en su equipo de gobierno que podrían ser iniciales; que experimenta el retiro del apoyo de actores de primer orden en los ámbitos nacional e internacional, y que motiva el surgimiento de nuevas voces pidiendo su renuncia, como Articulación por la Vida, contra la Corrupción y contra la Impunidad. Como resultado, estamos ante una crisis de gobierno. Pero no estamos ante una crisis de Estado, y menos ante una crisis del régimen. El modelo de acumulación dominante como razón de Estado tampoco está en riesgo.

En este contexto, una salida a la crisis podría resultar poco favorable a la articulación del Gobierno y al presidente Morales, pero manejable por quienes tienen el poder real en Guatemala y factible para estos. De hecho, la salida podría representar a) que se concrete un pacto entre élites de poder, se resuelva la crisis y todo siga igual, o b) que se profundice la depuración institucional, con las investigaciones de la Cicig en marcha y la presión ciudadana en aumento.

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