25 de agosto de 2017

Respuesta al documento titulado "No es posible seguir ignorando la tragedia de Venezuela" del Grupo de Trabajo "Ciudadanía, organizaciones populares y representación política" de CLACSO

El día miércoles 16 de agosto del año en curso, llegó a mi carpeta de correo la comunicación de Alberto Olvera Rivera, en el cual traslada el posicionamiento del Grupo de Trabajo "Ciudadanía, organizaciones populares y representación política" de CLACSO, titulado No es posible seguir ignorando la tragedia de Venezuela (véase al final de esta respuesta)

Con el respeto que me merecen las personas firmantes, parto de afirmar que el documento divulgado carece de la fundamentación necesaria para concluir en las aseveraciones hacia el gobierno de Nicolás Maduro y a la Asamblea Nacional Constituyente actual. Menos fundamento encuentro para solicitar a CLACSO que se pronuncie en la dirección que los suscritos desean.

Se afirma lo anterior porque:

Al calificar de "arbitraria e ilegal la creación de una 'Asamblea Constituyente'" y afirmar que la misma viola la constitución de 1999, los firmantes no aportan ninguna prueba o fundamentación al respecto.

Tal y como han venido repitiendo las voces opositoras internas y externas, quienes suscriben este documento parten de una tesis equivocada. Consideran que el llamado a la nueva constituyente debía basarse en la constitución de 1961, aplicable –como fue– para convocar a la asamblea constituyente de 1999. Obvian, que la constitución de 1999, que rige al Estado venezolano en la actualidad, faculta al presidente de la república para convocar a nueva constituyente.

En específico, en el artículo 348 de dicha constitución vigente se establece que la iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrá hacerla, entre otros, el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros, tal y como ocurrió. Esto hace constitucional, es decir, legal y legítimo al sujeto de la iniciativa, al proceso de elección y la Asamblea Nacional Constituyente que resultó de una elección libre, secreta y auditable, en la cual participaron más de 8 millones de venezolanos, correspondientes al 41% de los ciudadanos que acudieron a las urnas a pesar de las condiciones de amenaza, asedio y hechos de violencia.

De tal manera que el calificativo de arbitraria e ilegal que asignan a la Asamblea Nacional Constituyente de la República Bolivariana de Venezuela los firmantes, es absolutamente infundada.

Los firmantes de este documento aseveran que la Asamblea Constituyente vigente se erige en un poder por encima de los demás poderes. En este sentido tienen razón. Sin embargo, obvian un fundamento de la doctrina constitucional: una asamblea nacional constituyente es la representación del poder soberano, del poder originario, y como tal es superior a cualquier poder previamente constituido. De hecho, en el artículo 346 de la Constitución Política de la República Bolivariana de Venezuela se establece que ningún poder constituido podrá objetar la nueva constitución o impedir las decisiones de la asamblea constituyente. Los firmantes obvian, entonces, que la Asamblea Nacional Constituyente actual cuenta con la legitimidad y podrá ejercer poder –como lo está haciendo– por sobre los poderes del Estado venezolano actualmente vigentes en ese hermano país. Esto explica las razones por las cuales las máximas autoridades de varios poderes constituidos han llegado ante la Asamblea Nacional Constituyente a reconocer su superioridad. La única que no lo hizo fue la Asamblea Nacional (parlamento) siendo que quienes la controlan han venido desarrollando una estrategia desestabilizadora y golpista, además de encontrarse en desacato al mantener en sus curules a cinco diputados que cometieron fraude electoral, incluido uno del PSUV.

Quienes firman el documento en cuestión afirman que con la nueva Asamblea Nacional constituyente "Se ha destruido así la escasa institucionalidad democrática que quedaba en el frágil Estado venezolano e instituido una dictadura colectiva de la pequeña elite política que rodea a Maduro". Contrariamente, lo que se observa en las recientes decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente y los poderes constituiros –en especial el ejecutivo, judicial, electoral y del Ministerio Público venezolanos–, es su acción para detener la ola violenta promovida por la oposición venezolana (responsable de la mayoría de asesinatos durante los hechos de confrontación), para indagar y procesar a los responsables materiales e intelectuales de estas acciones (incluidos como fue evidente, algunos alcaldes, gobernadores y diputados), para el inicio del proceso de elección de gobernadores para el cual han inscrito candidatos la mayoría de partidos políticos opositores. Los firmantes obvian que para el 2018, además, está planificada la elección de Presidente de la República y que el resultado de la Asamblea Nacional Constituyente deberá ser objeto de referendo para su aprobación por parte de los ciudadanos y ciudadanas venezolanas.

Los académicos signatarios de este documento afirman que "[...] el hambre, la falta de medicinas y la escasez de alimentos se agudizan día a día, revirtiéndose en pocos años los grandes avances sociales logrados en los primeros diez años del régimen chavista." Al respecto dejan de señalar que la inflación en buena medida inducida por empresas como DolarToday así como la carencia de alimentos y medicamentos son fenómenos inducidos por quienes mantienen el control de buena parte de la producción y comercialización en el país, es decir, organizado en la Fedecamaras y en quienes dirigen a la principal parte de la oposición.

Estoy de acuerdo en que CLACSO no puede guardar silencio sobre la tragedia venezolana. Desde mi punto de vista, CLACSO, apegado a la realidad venezolana debe denunciar la injerencia y la amenaza externa sobre Venezuela, a los poderes y actores que han mantenido una estrategia de desestabilización que incluye acciones que rayan en el terrorismo y la subversión contra los poderes constituidos. Así mismo, debiera pronunciarse reconociendo la legalidad y legitimidad de la Asamblea Nacional Constituyente venezolana.

Aunque no comparto sus razones, coincido con los firmantes en el rechazo a "las amenazas imperialistas y militaristas de Trump y al intervencionismo de otros países en los asuntos internos de Venezuela." No obstante agrego que no son solo amenazas. El imperio y su gobierno actual –como los anteriores de Bush y Obama- han venido implementando planes injerencistas, claramente en contubernio con la oposición venezolana, con los gobierno de derecha y con organismos bajo su control, como la secretaría general de la desprestigiada OEA.

Por lo demás, antes que conminar a CLACSO a pronunciarse en este sentido, valdría solicitarle la apertura de un espacio de análisis serio, documentado y fundamentado sobre la realidad del proceso venezolano. Un espacio donde despleguemos nuestro análisis crítico sobre lo que sucede en ese hermano país, donde podamos analizar cómo el proceso venezolano se sostiene sobre el mismo esquema extractivista del que muchos somos críticos, pero que en estas circunstancias no justifica nuestra conversión en voces útiles para los propósitos de poderes fascistas e imperialistas que intentan derrocar y derrotar ese proceso democrático.

Respetuosamente,

Mario Sosa
Guatemala 19 de agosto de 2017.
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Estimados colegas: Hacemos de su conocimiento el posicionamiento de los miembros de un Grupo de Trabajo de CLACSO sobre los acontecimientos de Venezuela.

NO ES POSIBLE SEGUIR IGNORANDO LA TRAGEDIA DE VENEZUELA

No es posible seguir ignorando la terrible tragedia que sufre el hermano país. La arbitraria e ilegal creación de una "Asamblea Constituyente" que viola la constitución de 1999 y que se ha erigido en un poder por encima de los demás poderes, es el golpe final a una democracia en plena destrucción desde la muerte de Chávez. No sólo dicha Asamblea carece de legalidad y legitimidad, sino que viola su supuesta misión de emitir leyes al declararse de facto un poder total: judicial, legislativo y ejecutivo, por un período indefinido. Se ha destruido así la escasa institucionalidad democrática que quedaba en el frágil Estado venezolano e instituido una dictadura colectiva de la pequeña elite política que rodea a Maduro, en alianza con un ejército colonizado por un cuerpo de mando politizado y corrupto, y que de hecho ya gobierna al país, si es que pude hablarse de un gobierno en Venezuela. Para imponer esta dictadura, se ha recurrido a la represión masiva y criminal de las protestas de la ciudadanía y se amenaza ahora con llevar a la cárcel a todos los alcaldes, gobernadores y diputados de oposición que aun están libres, mientras se prepara la prohibición total de las protestas, como si con ello se pudiera poner fin a la resistencia popular. Al mismo tiempo, el hambre, la falta de medicinas y la escasez de alimentos se agudizan día a día, revirtiéndose en pocos años los grandes avances sociales logrados en los primeros diez años del régimen chavista.

Consideramos que CLACSO no puede guardar silencio sobre la tragedia venezolana. Al hacerlo contradice los posicionamientos públicos que la organización ha hecho a lo largo de los años en defensa de la democracia, la justicia y la libertad en América Latina, causas que compartimos. En estricta coherencia con esa posición, demandamos de los actuales directivos de CLACSO una condena pública a la deriva dictatorial que ha tomado el régimen madurista en Venezuela, así como la exigencia del restablecimiento del Estado de Derecho, la libertad de los presos políticos, y el fin de la represión a las protestas populares. Por las mismas razones, manifestamos nuestro rechazo a las amenazas imperialistas y militaristas de Trump y al intervencionismo de otros países en los asuntos internos de Venezuela.

Los miembros del Grupo de Trabajo "Ciudadanía, organizaciones populares y representación política" de CLACSO.
Alberto J. Olvera, Universidad Veracruzana, México
Carlos de la Torre, Universidad de Kentucky, Estados Unidos
Gerardo Caetano, Universidad de la República, Uruguay
Hugo Quiroga, Universidad Nacional de Rosario, Argentina
Isidoro Cheresky, Universidad de Buenos Aires, Argentina
Leonardo Avritzer, Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil
Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad de Chile
Margarita López Maya, Universidad Central de Venezuela y Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello.
Martin Plot, IDAES-Universidad Nacional de San Martín e investigador del CONICET, Argentina.

Osvaldo Iazzetta, Universidad Nacional de Rosario, Argentina

La apropiación de las riquezas naturales divide a Guatemala

Por Mario Sosa

Guatemala está dividida. Cierto. Siempre lo ha estado, y esa división tiene múltiples y complejas expresiones, desde las ideológicas, que se manifiestan en visiones del mundo y de vida distintas, hasta aquellos enfrentamientos que han devenido en crímenes de lesa humanidad, como el genocidio planificado y ejecutado desde el Estado.

Esta división es el resultado del proyecto y de los intereses de quienes han tenido el poder para diseñar, controlar e imponer un tipo de Estado y, por consiguiente, configurar un conjunto de relaciones sociales de explotación, exclusión, marginación y racismo, así como patriarcales, que configuran la sociedad guatemalteca.

Uno de los principales factores que explican la división de la sociedad guatemalteca hoy en día es la disputa que mantienen quienes controlan la economía y pretenden imponer un modelo económico basado en la sobreexplotación laboral y en el expolio de la naturaleza frente a un conjunto de pueblos, comunidades, organizaciones y movimientos sociales que lo adversan y resisten.

En este sentido, en las últimas semanas ha sido relevante la pretensión del sector empresarial de suprimir los obstáculos jurídicos que enfrentan proyectos mineros e hidroeléctricos, en especial aquellos que fueron activados por la legítima acción legal de representantes de comunidades, pueblos y organizaciones. En este objetivo se articulan las cámaras empresariales y sus centros de pensamiento paraempresarial, como la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), el Movimiento Cívico Nacional y la Fundación contra el Terrorismo, así como el poder gubernamental y la mayoría de bancadas (de derecha) en el Congreso.

Para el efecto, este sector minoritario de la sociedad emite discursos en los cuales recuperan los viejos conceptos de certeza jurídica, libertad de empresa, garantías de inversión y competitividad, y lanza acusaciones de socialistas y comunistas a quienes se oponen a sus proyectos, tal como lo hacen desde 1954 contra todo aquel que se opone a sus intereses. Ha activado una campaña mediática con campos pagados, editoriales, columnas de opinión y programas radiales y televisivos con los cuales intenta convencer de las oportunidades de inversión, empleo y desarrollo que el país pierde con resoluciones judiciales y acciones políticas de resistencia contra este tipo de proyectos. Asimismo, desarrollan acciones judiciales para revertir algunas de las resoluciones judiciales que les afectan, de modo que los organismos judiciales resuelvan a su favor y se armen casos de persecución contra las dirigencias de tales resistencias.

Es evidente que el interés del sector empresarial, antes que la vigencia de los derechos constitucionalmente reconocidos, es la defensa de sus intereses particulares. Por esa razón ha sido insistente en la exigencia de que se reglamenten las consultas comunitarias (cerca de 90 hasta ahora), en las cuales pueblos indígenas y mestizos han decidido su oposición a los proyectos extractivos por los impactos ambientales, económicos y sociales que han experimentado y que han sido ampliamente documentados. En este sentido, se pretende invalidar las consultas realizadas por comunidades y pueblos, derecho ejercido y fundamentado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (de carácter constitucional), en el Código Municipal y en la Ley del Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. La búsqueda es, asimismo, normar las consultas de tal manera que se logre (complementariamente) limitar el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa, libre e informada, así como lograr su consentimiento a los proyectos mencionados o, en su defecto, que la oposición a dichos proyectos no los impida.

Es indudable que la división en la sociedad guatemalteca se agudiza, lo cual se debe a la falta de legitimidad de tales proyectos, que son cuestionados por su carácter impuesto, por los impactos que provocan en los territorios, por significar una apropiación en pocas manos de riquezas que son concebidas como bienes comunes por las diversas resistencias y por la insignificancia en lo que a ingresos fiscales se refiere. Asimismo, por la violencia con la cual han sido implantados, en especial contra líderes defensores de derechos que han sido encarcelados, amenazados e incluso asesinados, casos por los cuales organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas han mostrado su preocupación y están activando procedimientos de verificación.

En este contexto surgen varias preguntas cuyas respuestas las encontraremos en discursos y políticas concretas del sector empresarial, que tiene su principal expresión política en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif). ¿Continuará imponiendo sus proyectos e intereses minoritarios a costa de los intereses de las grandes mayorías que los adversan y no se benefician directa o indirectamente de ellos? ¿Trascenderá su visión estrecha para repensar el modelo económico? ¿Escuchará las voces y los intereses de los sujetos de las resistencias, quienes, en ejercicio de sus derechos y con legitimidad, se oponen al extractivismo? ¿Reconocerá que estos sujetos en resistencia (pueblos indígenas, comunidades rurales y campesinas, clase trabajadora) son coincidentemente los grandes perdedores de este proyecto de Estado y de esta sociedad construida desde el poder que representa como sector empresarial organizado? ¿Reconocerá que tienen preeminencia los derechos e intereses mayoritarios antes que sus intereses sectoriales?


Si revisamos la historia, respuestas positivas a estas preguntas son casi imposibles. Lo previsible es que la imposición de dicho modelo económico, de estos intereses minoritarios y de un Estado a su servicio provocará que se agudicen las contradicciones, que son expresión de la división histórica y renovada de la sociedad guatemalteca.