31 de marzo de 2017

De la correlación de fuerzas en torno a la reforma constitucional

Por Mario Sosa

Tal parece que las reformas constitucionales orientadas al fortalecimiento del sistema judicial oficial han sido derrotadas. De concretarse, esta derrota será el resultado de una correlación histórica de fuerzas que constituye el marco de posibilidad que finalmente impida la aprobación de las reformas planteadas.

Estamos ante una correlación de fuerzas de larga duración que en la historia reciente implicó la derrota militar del movimiento revolucionario y, posteriormente, de la consulta popular de 1999, en la cual se sometieron las reformas constitucionales devenidas de los acuerdos de paz.

En este momento volvemos a corroborar que la correlación de fuerzas es favorable a la clase social dominante, representada en su partido político matriz, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), que ha resultado ser decisivo. Esta clase social ha tenido la capacidad de gestar una alianza dentro y fuera del Congreso de la República para obstaculizar e impedir que la propuesta de reforma constitucional se abra camino.

En el Congreso, esta alianza articula a los partidos políticos Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación); Partido Patriota (PP, recientemente inhabilitado); Libertad Democrática Renovada (Líder, también inhabilitado); Movimiento Reformador (MR); Compromiso, Renovación y Orden (CREO); Partido de Avanzada Nacional (PAN); Todos; Unión del Cambio Nacional (UCN); y Alianza Ciudadana. Estas representaciones políticas tienen la característica de ser fuerzas conservadoras de derecha, las cuales representan, agregan e intermedian intereses empresariales y mafiosos. Todos, sin excepción, han cerrado filas ante los débiles embates de las fuerzas reformistas y de anticorrupción. Esta alianza, además, es en parte el correlato que se expresa en el Organismo Ejecutivo, el cual, aun con sus profundas debilidades, con sus incapacidades y con las muestras de los vínculos de algunos de sus dirigentes con el crimen y la corrupción, constituye un factor más que es articulado en esta trinca del establishment.

Esta correlación de fuerzas no sería posible sin la hegemonía reproducida por los medios de difusión y comunicación masiva, las Iglesias conservadoras, la mayoría de los partidos políticos, las cámaras empresariales, etc. Esta hegemonía es la combinación de una serie de factores como el clasismo que legitima la explotación, el expolio y la exclusión social; el racismo, que niega toda posibilidad a sujetos que no estén identificados por la blancura de su piel y por su cultura occidental; la ideología anticomunista, que ve en todo aquello que protesta o discrepa del statu quo un sinónimo de insurgencia; el falso paradigma de desarrollo fetichizado en el imperio en decadencia; la democracia como sinónimo de elecciones en las cuales gana el que más paga; el paradigma iusnaturalista y positivista occidental del derecho, que excluye el reconocimiento de sistemas jurídicos que corresponden a otros tipos de paradigmas y que impide cultural e ideológicamente el cambio social en general y las reformas que tiendan a aminorar un milímetro el dominio de la clase dominante y de los poderes fácticos en el país.

En este marco, las fuerzas reformistas, encabezadas por organismos estatales (como el Ministerio Público y el Procurador de los Derechos Humanos) o paraestatales (como la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala —CICIG—) y respaldadas por la Embajada de Estados Unidos, constituyeron un factor insuficiente para lograr este cambio, que (como ya lo hemos planteado) estaba acotado e incluso era conservador si se piensa en las transformaciones profundas que requiere el Estado o en la necesidad de fundar un Estado diferente.

En este sentido, el Gran Consejo Nacional de Autoridades Ancestrales, como estructura de autoridad y de poder procedente de sujetos subordinados y oprimidos que pretendían la reforma constitucional y particularmente el reconocimiento de los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas, constituyó un actor importante en este polo reformista. Si se piensa en su pretensión específica, su fuerza también fue insuficiente por su limitada capacidad de dirección política, de alianzas, de organización y de movilización política para enfrentar no solo la estrategia desplegada por el Cacif y el conjunto de las fuerzas conservadoras, sino también para lograr un quiebre en la hegemonía que permitiera gestar una relación de fuerzas favorable a su propósito. Estos serían los factores objetivos y mayores que llevarían a dichas fuerzas a concebir y concretar una salida audaz y digna al retirar el artículo 203 de la discusión política y legislativa y, según su declaración, abrirles paso a las demás reformas en materia de justicia.

Sin duda, habrá que generar las acciones necesarias de sistematización, análisis e interpretación de esta experiencia de lucha por la reforma constitucional. Estas tareas corresponden, obviamente, a todos los actores que se plantearon formularla y apoyarla. También es necesario replantear un conjunto de supuestos que operaron en las fuerzas reformistas o en aquellas otras que, aun cuando se proponen cambios más profundos, consideraron la necesidad de apoyar estas modificaciones constitucionales. Esto será importante para pensar qué, para qué, quiénes y cómo deberá avanzarse para impulsar estrategias coherentes, para quebrar la hegemonía favorable a los poderes reales y, finalmente, para lograr cambios históricos, que son los que el Estado guatemalteco en particular requiere. Es importante aun si las reformas constitucionales que aún sobreviven en el procedimiento legislativo logran abrirse paso, lo cual, reitero, parece poco probable.

13 de marzo de 2017

UN CRIMEN DEL ESTADO NEOLIBERAL EN GUATEMALA

Por Mario Sosa

Cuarenta niñas y adolescentes guatemaltecas, que estaban bajo resguardo del Estado en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción del Estado, fueron objeto de un crimen de lesa humanidad, debido a que fueron sometidas a privación de libertad, torturas, violación, esclavitud sexual, embarazo forzado e, inclusive, existen indicios que pudo haberse pretendido su exterminio. Este crimen también puede ser catalogado de ejecución extrajudicial siendo que existen suficientes evidencias de homicidio deliberado con la participación de funcionarios públicos quienes violentaban, violaban y prostituían a estas niñas y adolescentes.

Contrario a garantizar la seguridad de estas niñas y adolescentes, funcionarios e instituciones gubernamentales fueron negligentes e incapaces, incumplieron con sus deberes y, por consiguiente, son responsables penal, administrativa y/o políticamente por esta masacre. Son responsables aquellos que tenían obligación directa en el resguardo de las niñas y adolescentes, así como el Director y la Subdirectora de dicho centro, el Secretario de Bienestar Social de la Presidencia, el Presidente de la República, el director de la Policía Nacional Civil, el Ministro de Gobernación y la Procuradora General de la Nación.

Estos funcionarios son responsables porque pudieron haber prevenido este crimen con medidas administrativas y judiciales, haber gestado una política pública coherente y necesaria y hecho que este centro fuera un espacio de protección y amor, y no un infierno para las cuarenta y tres niñas y adolescentes (o más) calcinadas y otras tantas que resultaron con graves quemaduras y están en riesgo de muerte. Este es el resultado de un gobierno de corte empresarial/militar/neoliberal absolutamente incapaz, desinteresado y orientado a buscar sus propios beneficios y a gestionar los intereses de la clase dominante y del capital transnacional.

Pero este crimen también se explica en el hecho que estamos ante un Estado neoliberal, que privilegia el mercado por sobre el ser humano. Antes que garantizar derechos y la vigencia del bien común, el Estado guatemalteco es el resultado de políticas de ajuste estructural que iniciaron en los años 80 y se profundizaron desde los años 90. Es un Estado que fue dirigido a la privatización de las empresas estatales a manos privadas locales y transnacionales, a concesionar derechos y necesidades sociales que en manos privadas se convirtieron en mercancía para quien pudiera pagarlas. Así mismo, a imponer nuevas leyes y políticas desventajosas devenidas de tratados de “libre” comercio, así como a tolerar el saqueo legal e ilegal de los bienes públicos y comunes. Es este Estado el que sigue funcionando. Por eso se continúan promulgando leyes para garantizar privilegios empresariales, mientras la niñez y adolescencia continúa padeciendo hambre, violencia, falta de escuela y salud, etc.

Esto es lo que caracteriza al Estado guatemalteco en la actualidad: es garante de la explotación y el expolio, carente las normativas necesarias, de las políticas coherentes, de la institucionalidad eficaz y de los recursos financieros esenciales para asegurar el bien común. Es un Estado que constituye factor fundamental en la profundización de la exclusión y marginación, dejando vulnerables a las clases y sectores más desprotegidos, como la niñez, la adolescencia y la juventud, a quienes ha convertido en prescindibles.

Para este Estado neoliberal y los gobiernos que lo han gestionado, los niños y niñas –especialmente procedentes de la clase trabajadora y los pueblos indígenas y mestizos– han sido convertidos en seres desechables, condenados a ser objeto de los más terribles vejámenes a manos redes de crimen organizado. En lugar de protegerlos, este Estado los criminaliza, condena y permite que sean convertidos en objeto de ultraje, violencia, esclavitud sexual y asesinato. En especial, como sucedió con este caso, el Estado como responsable y ejecutor de este crimen, es productor y reproductor de un sistema patriarcal que convierte en objeto a las niñas, adolescentes y mujeres.

Este crimen desnuda al Estado en tanto construcción de la clase dominante que históricamente lo ha utilizado para la gestión de sus intereses. Asimismo, del capital transnacional que, interesado en expoliar al país, ha contribuido a mermar la capacidad del mismo Estado. Por último, de potencias extranjeras y organismos internacionales como el Bando Mundial y el Fondo Monetario Internacional, quienes con sus imposiciones han configurado este Estado neoliberal.


Sin duda, esta masacre de niñas y adolescentes debe ser esclarecido penal, administrativa y políticamente, para que sobre los responsables directos e indirectos caiga todo el peso de la ley y la condena ética de la sociedad. Nuestra indignación debe crecer y debe movilizarnos hasta alcanzar justicia en este crimen de lesa humanidad. Pero no debemos olvidar que este crimen es resultado del Estado Neoliberal y siendo que dicha política continúa, hechos de este tipo podrían repetirse y muy pronto. Por eso, nuestra acción política debe orientarse estratégicamente a construir un Estado radicalmente diferente.

La disputa por las reformas constitucionales en Guatemala

¿Cuáles son los polos de poder principales que están en disputa por la aprobación de las reformas constitucionales en Guatemala?

La disputa gira en torno a una propuesta de reforma constitucional que proviene de una puesta en escena conservadora, planteada por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), el Ministerio Público (MP) y el Procurador de los Derechos Humanos (PDH). Esta fue delimitada al ámbito del sistema de justicia y puesta a discusión con una metodología prestablecida, todo ello impuesto por los ponentes. Fueron excluidos de la definición y delimitación de la propuesta sujetos políticos representativos de la sociedad guatemalteca como los pueblos indígenas, los campesinos y las representaciones de otro conjunto de movimientos y sectores sociales. A lo sumo, algunos de estos pudieron participar en las mesas de diálogo a través del Gran Consejo de Autoridades Ancestrales y de otras instancias auto adscritas al sujeto maya o a los pueblos indígenas, de manera que se lograron la inclusión del pluralismo jurídico y el reconocimiento de la jurisdicción de sus sistemas de justicia.

La propuesta que finalmente ingresó en el Congreso de la República el 4 de octubre de 2016 se refería a un conjunto de cambios relacionados con el antejuicio a funcionarios públicos, con la carrera judicial y con el cambio de actores, procedimientos y dispositivos para la elección de las cortes, entre otros. Por último y no menos importante, se refería a la potestad de las autoridades indígenas para ejercer funciones jurisdiccionales de conformidad con sus propias instituciones, normas, procedimientos y costumbres, esto sujeto al control constitucional y a la coordinación y cooperación entre el sistema jurídico ordinario y los sistemas jurídicos indígenas.

Una vez ingresada la propuesta al Organismo Legislativo, los polos de poder en disputa por tales reformas quedaron cada vez más claros.

Con el inicio del actual gobierno y, finalmente, con la elección de la actual junta directiva del Congreso de la República en 2017 se consolidó un polo de poder que articula, en esencia, los mismos intereses que llevaron a Otto Pérez Molina y al Partido Patriota a la presidencia en 2012. Me refiero a intereses oligárquico-empresariales, a estructuras de exmilitares contrainsurgentes y a redes vinculadas al crimen organizado. Finalmente, esto es lo que se encuentra articulado en el gobierno actual, el partido FCN-Nación (con mayor énfasis después de que muchos ex-Líder y ex-PP se unieron a su bancada en el Congreso), y en la alianza de partidos políticos que hoy controlan la junta directiva del Organismo Legislativo. Estas fuerzas económicas, sociales y políticas son las que están en campaña para que fracase el proyecto de reformas constitucionales, ya que sus intereses de clase social y sus sectores de interés gremial y corrupto podrían salir afectados.

El otro polo en disputa está encabezado por la embajada de Estados Unidos, operado por la Cicig, el MP y el PDH. Su interés es que avance una reforma política e institucional que disminuya el poder de las fuerzas articuladas en el anterior polo, en especial en la elección y el control de las cortes de justicia y de constitucionalidad. Es un polo de poder cuyas principales representaciones decidieron que las reformas constitucionales estarían limitadas al sector justicia y que las demandas que incluían la instalación de una nueva asamblea nacional constituyente que reformara o redactara una nueva Constitución política quedaran al margen.

En esta disputa existe un tercer bloque, integrado por un conjunto de representaciones y de organizaciones diversas y heterogéneas, descoordinadas en buena medida, para empujar estas reformas. Aquí aparecen un conjunto de fundaciones, oenegés, colectivos e instituciones educativas que coinciden en reformar política e institucionalmente el Estado, además de articulaciones sociopolíticas como la Asamblea Social y Popular y el Gran Consejo de Autoridades Ancestrales, que ven en esta reforma una oportunidad para avanzar en el camino a la gestación de un Estado plurinacional, popular y multisectorial.

En esta relación de fuerzas queda claro que las reformas constitucionales constituyen una pretensión en un momento en el cual la disputa principal se da entre el primer polo de poder y el segundo. El tercer bloque, que coincide con el polo de poder reformista, se encuentra en buena medida supeditado a que este pueda influir decisivamente en el Congreso, lo cual pareciera improbable con relación al tema de la jurisdicción indígena y probable en lo relativo al resto de reformas propuestas.

La pretensión de instituir el pluralismo jurídico fue derrotada en el Legislativo a finales del 2016 y no existe la correlación de fuerzas necesaria para que se apruebe la jurisdicción de los sistemas de justicia indígena. Las demás propuestas son objeto de negociación y reformulación, lo cual hace que tengan alguna viabilidad. Sin embargo, esto tampoco es seguro, pues afecta a quienes se ubican en el primer polo de poder.

El resultado con relación a estas reformas constitucionales (acotadas y útiles al sistema, pero también conservadoras) permitirá dilucidar cuál es el polo de poder finalmente ganador en esta contienda. Más allá serán un indicador de la vía de salida a la crisis que emergió en 2015. Así, será una vía reformista dirigida por Estados Unidos o una vía oligárquico-mafiosa encabezada por el principal partido político del país: el Cacif. La vía alternativa continúa en proceso de gestación.

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