27 de octubre de 2016

Pluralismo jurídico en la propuesta de Waqib’ Kej

La Coordinadora y Convergencia Nacional Maya Waqib’ Kej presentó el nueve de agosto  la segunda edición, revisada y aumentada del texto Demandas y propuestas políticas de los Pueblos Indígenas de Iximulew. Caminando hacia un proyecto político para la reconstitución del Buen Vivir y la fundación de un Estado Plurinacional.[1]

Proveniente de una de las expresiones más importantes de los pueblos mayas, esta publicación tiene una importancia fundamental para repensar la sociedad y el Estado guatemalteco.

Esta propuesta trasciende la perspectiva y el derecho legítimo que tienen los pueblos indígenas para demandar transformaciones sociales, económicas y políticas, siendo las históricas y profundas problemáticas que les aquejan. Más allá de esta perspectiva  y derecho, Waqib’ Kej propone un nuevo modelo económico para la vida y un régimen político más democrático. En ese sentido, trasciende a toda la sociedad, a todas y todos los ciudadanos y sujetos colectivos que de una u otra manera sufrimos los efectos de una economía basada en el expolio y la explotación y un Estado que sirve al capital y reprime la protesta social y la demanda de derechos.

En específico, una de las propuestas relacionada con la fundación del Estado Plurinacional, Popular y Multisectorial que plantea Waqib’ Kej, está referida al pluralismo jurídico. Esto implica que el Estado reconozca constitucionalmente los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas. En otros términos, que acepte la existencia y desarrollo de los principios, las normas, procedimientos, sanciones, los órganos y autoridades encargadas de su aplicación y cumplimiento, así como su competencia y aplicación jurisdiccional. Así mismo, requiere que el Estado garantice la coordinación, interacción y aplicación del sistema de justicia indígena y el sistema de justicia occidental en todos los niveles del sistema de administración de justicia. Complementariamente que utilice los idiomas indígenas de acuerdo a la comunidad lingüística del procesado.

Esta propuesta se plantea en un momento en el cual resulta evidente el fracaso del sistema de justicia oficial y dominante para garantizar justicia. Esto se debe, entre otros factores, a que ha sido concebido y configurado para servir a intereses de la clase social y los grupos políticos y militares dominantes. Es un sistema que, como lo experimentan los pueblos indígenas y las grandes mayorías sociales, opera de forma pronta y cumplida para beneficio de quienes tiene la capacidad financiera de garantizarse impunidad y para utilizar la ley como dispositivo de poder a su favor. Además, está altamente penetrado por mafias y en muchos casos es operado por redes de funcionarios públicos y bufetes de abogados a su  servicio.

Es esto lo que justifica la propuesta de fundación de un nuevo Estado y, en específico, la transformación del sistema de justicia en particular. En un contexto como el guatemalteco, dichos cambios incluyen modificaciones constitucionales y no solamente de leyes ordinarias. Entre otras reformas constitucionales, el reconocimiento a la jurisdicción de  los sistemas de justicia de los pueblos indígenas.

Con ese propósito, corresponde a las comunidades y pueblos indígenas luchar por sus derechos colectivos. Entre otros, el relacionado con el desarrollo de todas las potencialidades y la corrección de las imperfecciones en la aplicación sus propios sistemas jurídicos. A las instituciones, organizaciones y población mestiza, corresponderá erradicar el racismo reproducido socialmente y por el Estado, que con prejuicios devenidos de campañas amarillistas contra la aplicación de la justicia indígena, se niega las posibilidades que dichos sistemas poseen para resolver los graves problemas, deficiencias e inefectividades con que opera el sistema de justicia estatal.

En este momento que se discuten posibles reformas constitucionales, debemos actuar en dirección a que se conozcan los fundamentos y aplicaciones de tales sistemas de justicia indígena. A partir de ahí seguramente encontraremos los argumentos necesarios para desechar los criterios racistas e infundados que  niegan los aportes de tales sistemas y  la necesidad de su reconocimiento constitucional en un marco de pluralismo jurídico que corresponde a una sociedad configurada por la existencia de pueblos o naciones diversas.

En: Noticias del Corredor, Huehuetenango, CEDFOG, septiembre 2016



[1] Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib’ Kej. Demandas y propuestas políticas de los pueblos de Iximulew. Caminando hacia un proyecto político para la reconstitución del Buen Vivir y la fundación de un Estado Plurinacional (Guatemala: Waqib’ Kej, agosto 2016)