6 de septiembre de 2016

De la propuesta del Estado plurinacional en Guatemala

¿A partir de qué ideas repensamos el Estado, siendo una necesidad su transformación? Un aporte en esa búsqueda lo encontramos en el texto Demandas y propuestas políticas de los pueblos indígenas de Iximulew, presentado inicialmente en noviembre de 2015 por la Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib’ Kej, el cual fue reeditado y puesto a disposición pública en el diálogo público Estado y Pueblos Indígenas, realizado el 9 de agosto del año en curso[1]. En él se recoge el planteamiento sistematizado procedente de consultas territoriales a organizaciones y representaciones comunitarias y de pueblos indígenas principalmente.
Desde su voz como una de las representaciones organizadas de pueblos indígenas en Guatemala, Waqib’ Kej presenta una mirada crítica sobre el Estado guatemalteco, el cual concibe como una construcción que históricamente ha sido instrumento de la clase social dominante y de cuyo control se ha beneficiado en conjunto con el capital transnacional y las mafias. Agrega que los distintos gobiernos han sido simplemente administradores y gestores de dichos intereses minoritarios. El Estado —concluye Waqib’ Kej— está anclado en formas coloniales, por lo que está agotado históricamente.

A partir de esto, Waqib’ Kej afirma que, con el Estado-nación, dicha clase social ha tratado —en vano— de imponer un proyecto de sociedad homogénea, formulado leyes, creado instituciones y aplicado políticas que reproducen su exclusión e impiden su representación como pueblos en los organismos del Estado y el ejercicio de sus derechos colectivos a la libre determinación, al autogobierno, al territorio, al desarrollo pleno de sus sistemas jurídicos, de salud y productivos, a vivir plenamente su identidad y cosmovisión, etc. Más aún, confirma que el Estado no garantiza el bien común.

Por ello Waqib’ Kej propone la fundación de un Estado plurinacional, el cual entiende como una organización política en la cual todos los pueblos o naciones, en su calidad de sujetos colectivos, estén plenamente representados. Un Estado orientado a construir un nuevo poder, profundamente democrático y garante del bien común, en el que tengan cabida todos los sujetos que padecen despojo, explotación y opresión —como la clase trabajadora y las mujeres— y se construyan nuevas relaciones entre los seres humanos, los pueblos, los sectores y los grupos sociales, entre la sociedad y la madre tierra.

La unidad de dicho Estado estaría en el reconocimiento de la diversidad en términos no solo culturales, sino también políticos, económicos y sociales. Es decir, sería un nuevo pacto social basado en una comunidad de pueblos o naciones que habrán de compartir los beneficios de construir un Estado compartido, basado en el buen vivir, con normas y políticas que garanticen los derechos comunes y los derechos específicos y colectivos de los pueblos indígenas. Esta será, concluye Waqib’ Kej, la base de una cohesión histórica de nuevo tipo.

Esto implicaría gestar un gobierno plurinacional y gobiernos territoriales autónomos como base para el ejercicio del derecho a la libre determinación —que no significa autodeterminación como nuevo Estado— y para construir la unidad nacional. Esto implicaría el reconocimiento de facultades políticas y territoriales ejercidas por las formas de organización, autoridad, participación, consulta y decisión de los pueblos indígenas con relación a asuntos económicos, políticos, culturales, sociales y jurídicos que les competen.
En la perspectiva de Waqib’ Kej, el nuevo Estado sería posible por la integración de una asamblea nacional constituyente que apruebe una nueva constitución política que defina una nueva institucionalidad y modifique la territorialidad político-administrativa, cuya legalidad se base en el pluralismo jurídico y en políticas públicas de nuevo tipo, correspondientes a los fines que establezca.

Con esta recuperación no se pretende agotar la riqueza de la propuesta ni mucho menos reducirla o castrarla. Se persigue que los lectores puedan acceder a ella y generar las dinámicas necesarias para su estudio. Esto permitirá recuperar de la propuesta todo aquello que nos aporte para repensarnos como sociedad y como Estado.

En este misma dirección, también habrá que recuperar las propuestas de refundación del Estado que han publicado otras organizaciones como el Consejo del Pueblo Maya (CPO)[2], el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca)[3] y planteamientos relacionados que forman parte de plataformas de lucha social como la Asamblea Social y Popular y la Alianza Política Sector de Mujeres.

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[1] Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib’ Kej (2016). Demandas y propuestas políticas de los pueblos de Iximulew. Caminando hacia un proyecto político para la reconstitución del buen vivir y la fundación de un Estado plurinacional. Guatemala: Waqib’ Kej.
[2] Consejo del Pueblo Maya (2014). Proyecto político. Un Estado para Guatemala: democracia plurinacional y gobiernos autónomos de los pueblos indígenas. Guatemala: CPO.
[3] Comité de Desarrollo Campesino (2016). Guatemala. Vamos para un proceso de asamblea constituyente popular y plurinacional. Guatemala: Codeca.

https://www.plazapublica.com.gt/content/de-la-propuesta-del-estado-plurinacional-en-guatemala
http://www.albedrio.org/htm/articulos/m/msosa-088.html
http://rebelion.org/noticia.php?id=216388
http://www.alainet.org/fr/node/180032


El sistema de partidos políticos: un problema estructural

Por Mario Sosa

El Estado actual no garantiza el bien común y no acciona en beneficio de las grandes mayorías. Por el contrario, constituye uno de los nudos problemáticos que impiden la solución de los problemas históricos y estructurales de Guatemala.
En este marco, el llamado sistema de partidos políticos, siendo parte del engranaje que reproduce este Estado, conforma, asimismo, uno de los problemas fundamentales a enfrentar.

Pregúntese usted, amiga lectora, amigo lector: ¿algún partido está buscando solución coherente a los problemas fundamentales que nos aquejan como país? Seguro usted tiene su propia respuesta. La mía es que, aun con sus matices, que podrían argumentarse en el caso de los partidos de izquierda, ningún partido político está aportando soluciones coherentes.
Es indudable que los partidos políticos no cumplen con las funciones que les han sido asignadas por la teoría funcionalista. No intermedian ni agregan y tampoco representan a los distintos grupos, intereses y visiones presentes en la sociedad guatemalteca. Por ejemplo, no representan a la clase trabajadora, a los pueblos indígenas, al campesinado, a las mujeres o a la juventud, solo por mencionar algunos de los sujetos que integran las grandes mayorías.

Como parte del régimen político, los partidos intervienen en el ritual electoral, a través del cual supuestamente los ciudadanos elegimos a quienes ejercerán la dirección del Organismo Ejecutivo y la emisión de leyes e indirectamente a quienes integrarán las cortes del sistema de justicia. Son, asimismo, los órganos encargados de gestionar y dirigir las políticas públicas cuando logran acceder a cuotas importantes de la administración gubernamental. Formalmente, entonces, cumplen apenas con estas dos funciones que les competen.

En contraste con los planteamientos funcionalistas, en el caso de Guatemala los partidos políticos constituyen instrumentos que reproducen el régimen económico, social y político imperante. En general intermedian, agregan y representan los intereses de sus dueños, de quienes los financian y controlan, en un contexto en el cual los partidos con pretensiones de representar intereses mayoritarios son incapaces de hacerlo.

Así las cosas, dichas instituciones son controladas o dirigidas por élites que pertenecen o proceden de la clase económicamente dominante (del capital o de la burguesía local), articulada con el capital transnacional y con mafias de distinto tipo, como evidencia el caso Cooptación del Estado. Asimismo, son manejadas por élites de extracción militar, de la mafia o de grupos de burguesía emergente, que, en busca de beneficiarse a sí mismas, tienden a representar los intereses fundamentales del capital local y del transnacional.

Siendo esta la orientación fundamental de los partidos políticos, estos tienden a reproducir el modelo de acumulación de capital que a su vez reproduce la miseria, la marginación y la exclusión social. Esto explica que el Congreso de la República, en general, apruebe leyes que beneficien los intereses antes descritos mientras se implementan distinto tipo de argucias para oponerse a leyes que cuestionan dicho modelo de acumulación de capital y buscan el beneficio de sectores históricamente dominados y excluidos. Así ha sucedido con la aprobación de leyes y políticas para garantizar privilegios fiscales y mantener una carga impositiva de carácter regresivo (donde pagan más quienes menos tienen) y con la oposición y el veto a la iniciativa 40-84, ley del sistema de desarrollo rural integral.

Los partidos políticos también se orientan a reproducir el régimen político. En específico, ese régimen que les permite reproducirse y beneficiarse del papel que cumplen como herramientas intermediarias del capital, de las mafias y de élites parasitarias del Estado. Por ello se oponen a demandas y propuestas de reforma política que tiendan a disminuir su importancia como engranajes de tales intereses. Por tales razones son contrarios a garantizar la representación de los pueblos, de las clases sociales y de los sectores mayoritarios en los distintos organismos del Estado. Esto se comprueba con las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos aprobadas recientemente, las cuales han sido absolutamente insuficientes.

Más allá de lo anterior, como quedó demostrado con especial énfasis y contundencia en el período gubernamental y en el proceso electoral anteriores, los partidos políticos han sido organizaciones para delinquir, como sucedió, por ejemplo, con los partidos Patriota y Líder. Asimismo, han sido instituciones protectoras y guaridas de políticos tránsfugas y corruptos. También operaron para elegir un gobierno nacional y unos gobiernos locales incapaces, reproductores y facilitadores del modelo de acumulación de capital y del régimen político.

Los partidos políticos han sido instituciones protagonistas o comparsas de un fraude electoral que, sin violentar el voto emitido por ciudadanos incautos, ignorantes o cómplices, configuró económica, política y mediáticamente la elección de 2015. Esto se evidencia a) en la elección legal pero fraudulenta de la Corte de Constitucionalidad, de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Supremo Electoral, ya que en estos hechos intervinieron el partido del crimen organizado —el llamado Partido Patriota—, partidos políticos con presencia en el Congreso de la República, grupos corporativos y organizaciones mafiosas; b) en el financiamiento ilícito de las principales campañas, procedente de grupos corporativos, de empresas transnacionales y locales, de organizaciones criminales y de políticos interesados en continuar el saqueo del Estado y el despojo de los recursos estratégicos del país; y c) en la activación de los principales medios de difusión masiva, televisivos, radiales y escritos, que, actuando como parte interesada en acumular más riquezas y control político, procedieron a la manipulación de la ciudadanía para beneficiar a los ganadores o principales contendientes.

Esto nos lleva a concluir que los partidos políticos son parte del engranaje institucional reproductor de este Estado. Son los intermediarios o guardianes de los intereses del capital, de las mafias y de una mal llamada clase política que en complicidad constituyen los grandes obstáculos que impiden la más leve reforma modernizadora. Es por ello que se afirma que el sistema de partidos políticos no constituye un factor de cambio en el país. Todo lo contrario, es uno de los problemas estructurales que requiere solución de raíz.

https://www.plazapublica.com.gt/content/el-sistema-de-partidos-politicos-un-problema-estructural