28 de julio de 2016

EL AGUA: ¿UN DERECHO O UNA MERCANCÍA?

Por Mario Sosa

Las denuncias sobre el desvío, el robo y la contaminación de ríos, lagunas y lagos a manos de las principales empresas agrícolas, agroindustriales, industriales, mineras, petroleras, hidroeléctricas y de servicios que dominan el actual modelo de acumulación de capital de Guatemala han sido objetivas, contundentes e innegables.

Ante la imposibilidad de defensa, las empresas señaladas y otras que hacen del agua un negocio están dirigiendo su estrategia a la defensa de sus intereses. En específico, una de sus principales acciones está orientada a la aprobación de una ley de aguas que defina este recurso como un bien objeto de transacción, es decir, como una mercancía. De esta manera podrán continuar apropiándose de ella y contaminándola sin mayores costos financieros.

Si las empresas logran su propósito, una ley formulada y aprobada según sus intereses, se legalizará el otorgamiento de licencias y concesiones para el control, la propiedad, el uso, la distribución y la venta de agua de forma natural o modificada (contaminada con químicos, como sucede con las aguas minerales o gaseosas, por ejemplo).

Con la conformación, los intereses y la cultura política que predominan actualmente en el Congreso de la República, lo más probable es que logren sus propósitos, ya que pueden alcanzar el voto favorable de la mayoría de bancadas y de diputados. Lo previsible es que la propuesta del Colectivo Agua, Vida y Territorios, presentada por tres bancadas minoritarias como iniciativa 50-70, en la cual participaron representaciones sociales de distinta procedencia, simplemente sea desechada para su discusión.

Con una ley a su favor se abriría la posibilidad de que, por una cantidad de dinero —la menor posible—, los empresarios aseguren la rentabilidad de sus negocios al garantizarse el desvío y el uso privados y privativos de aguas de ríos y subterráneas, por ejemplo, así como a través de la venta del servicio de agua y de aguas procesadas a los precios que impongan.

Esto impediría acceder a este vital líquido a miles de comunidades rurales que dependen del agua procedente de ríos, lagunas y lagos. Implicaría la adquisición del vital líquido a precios exorbitantes, especialmente en regiones, municipios, comunidades y colonias cuyas poblaciones se han visto obligadas a comprarlo. Implicaría, además, validar las múltiples formas en las cuales se contaminan las distintas fuentes de agua, con los consabidos daños a los ecosistemas. Todo esto, ante un Estado y su institucionalidad gubernamental centralizada o descentralizada en los Gobiernos municipales, ha privilegiado el interés del capital (eufemísticamente llamado empresarial) antes que garantizar el derecho humano al agua y su saneamiento, con su provisión sana, suficiente y permanente a todos los ciudadanos guatemaltecos.

Si se aprueba una ley a favor de los intereses empresariales y contra nuestro derecho humano al agua, se estaría violando la misma Constitución Política, que en sus artículos 127 y 128 establece que las aguas son bienes de dominio público (común), inalienables e imprescriptibles.

En este sentido, nuestras acciones deben dirigirse, en primer lugar, a lograr que las comunidades, los pueblos, las organizaciones, las instituciones y la ciudadanía en general asumamos el agua como un derecho humano inalienable, que no debe considerarse como mercancía bajo ninguna circunstancia o justificación. Por lo tanto, la aprobación de cualquier normativa y el control de la política pública en la materia no pueden supeditarse o quedar en manos de intereses privados, pues estos son antagónicos al interés común.

En esta misma dirección, también es necesario considerar, entre otros asuntos, que el agua es vital para la reproducción de los ciclos biológicos y las relaciones sistémicas entre especies animales y vegetales, soporte de la vida en general y de la vida del ser humano en particular.

Esta dirección de nuestras acciones inmediatas es fundamental y una garantía de que, de aprobarse una ley al respecto, se privilegien el derecho humano y el de la madre tierra al agua, al tiempo que se establezcan políticas para su descontaminación y se penalice su contaminación, su uso indebido y su robo a través de los diversos mecanismos y recursos por medio de los cuales esto ha venido ocurriendo. Y para finalizar, dichas acciones deben impedir cualquier forma de privatización y mercantilización del agua, aun cuando algunas de sus fuentes se encuentren en tierras privadas.

El dilema está claro: se instituye el agua como un derecho humano o como una mercancía.

Se trata, pues, de combatir la privatización, el robo y la contaminación del agua, especialmente la política pública ambiental, en tanto tolera, facilita y protege tales prácticas e intereses del capital. Se requiere, al mismo tiempo, combatir las posiciones medias tintas en la materia, y aún más la intención de aprobar una ley de aguas que permita la privatización y el uso mercantil del vital líquido. En síntesis, hay que evitar que se siga enajenando nuestro derecho humano al agua.

13 de julio de 2016

LA RESISTENCIA PACÍFICA DE LA PUYA GANA UNA BATALLA

Por Mario Sosa

Comunidades organizadas en resistencia pacífica en Guatemala han logrado ganar una batalla de primer orden en defensa de la madre tierra, el territorio, el agua y la vida.
La Corte de Constitucionalidad (CC) no tuvo más alternativa que rechazar la apelación de la empresa Exploraciones Mineras, S. A., y del Ministerio de Energía y Minas (MEM), que pretendían revertir la suspensión de operaciones del proyecto minero Progreso VII Derivada, contra el cual dichas comunidades han mantenido cuatro años de resistencia. Este proyecto minero perteneció inicialmente a Radius Gold Inc.; y desde finales de 2012, a Kappes, Cassiday & Associates, a la cual pertenece Exploraciones Mineras, S. A., ambas de un capital cuyo origen se sitúa en Canadá.

La Puya es el nombre con el que se conoce la resistencia que empieza en 2012 contra el proyecto minero. Su acción principal ha consistido en la instalación de un bloqueo permanente a la entrada de la mina para evitar su funcionamiento. Después del desalojo violento por parte de fuerzas policiales el 23 de mayo de 2014 han mantenido un plantón a la orilla de la carretera, a 20 metros de la entrada a la mina, y lo extendieron a las puertas del MEM como una forma de ampliar la resistencia al proyecto minero y de denunciar la política de Estado dirigida a garantizar el interés privado del capital trasnacional y de sus aliados locales, pertenecientes a grupos oligárquico-empresariales.

La decisión de esta resistencia, argumentada por mujeres y hombres que la integran, se explica en la falta de consulta sobre un proyecto extractivo respecto al cual las comunidades han estado en desacuerdo. El rechazo también es debido a múltiples afectaciones y hechos que han consolidado y legitimado esta posición. Entre estas afectaciones se encuentran la contaminación de las fuentes de agua, agresiones de empleados de la empresa y la división de las comunidades provocada por financiamientos clientelares de la minera. Asimismo, se cuentan hechos como el atentado armado contra una de las dirigentes de la resistencia, Yolanda Oquelí. También las amenazas, las intimidaciones y la estrategia de criminalización y procesamiento judicial de varios comunitarios, en las que actúan conjuntamente empresa y funcionarios públicos. A esto se suma el apoyo que el Estado ha facilitado a la empresa, expresado en la aprobación de un estudio de impacto ambiental cuestionable que da paso a la licencia de explotación minera, a la protección policial de la empresa (y no a la ciudadanía en resistencia), al despliegue policial masivo y el desalojo violento contra la resistencia pacífica en mayo de 2014, a la gestión oficiosa del MEM y a sucesivos gobiernos nacionales a favor de estos intereses privados.

Durante el segundo semestre de 2014, la empresa reinicia operaciones. Sin embargo, un recurso de constitucionalidad en representación de las comunidades en resistencia pacífica logra que se suspenda temporalmente el proyecto minero. A pesar de ello, la empresa continuó las operaciones y el saqueo ilegal de metales preciosos. Así se constató el 9 de mayo de este año con la captura de empleados de la empresa minera que transportaban ilegalmente casi dos millones de dólares en oro y plata. Respecto a estos hechos, queda pendiente determinar si el Estado, a través del Ministerio Público, procederá a investigar y acusar a los implicados materiales e intelectuales no solo por la continuidad de la actividad minera, sino también por la extracción ilegal de estos metales.

Este conjunto de hechos que caracterizan la imposición del proyecto Progreso VII Derivada desnuda un modelo de acumulación de capital orientado al saqueo de los recursos nacionales, así como la política de un Estado facilitador de intereses privados antes que garante del interés común. A estas alturas del proceso nacional es evidente que el extractivismo no es la alternativa deseada, aceptada y coherente con el desarrollo, como demuestra este caso.

La CC ha resuelto rechazar el recurso jurídico que perseguía el reinicio de la actividad minera y mantiene la suspensión temporal de operaciones establecida por la Corte Suprema de Justicia el 22 de febrero de 2016. También mandata al MEM realizar una consulta a las comunidades de ambos municipios en cuestión para establecer su acuerdo o desacuerdo con dicho proyecto minero.

Queda pendiente, entonces, la resolución en definitiva del amparo a favor de las comunidades en resistencia. En lo inmediato, asimismo, está por verse cómo y cuándo será implementada la consulta del MEM a las comunidades. Este mecanismo deberá garantizar su carácter democrático, transparente y garante de la decisión mayoritaria de la ciudadanía en ese territorio.

Celebramos estos logros de la resistencia pacífica de La Puya. Constituyen un triunfo popular en la defensa del territorio y en la búsqueda por garantizar los derechos a la vida y al agua y los derechos de la madre tierra.

https://www.plazapublica.com.gt/content/la-resistencia-pacifica-de-la-puya-gana-una-batalla

4 de julio de 2016

LA PLAZA EN DISPUTA

Por Mario Sosa

La plaza (Plaza de la Constitución) es el nombre con el cual se conoce el lugar de confluencia de las movilizaciones ciudadanas iniciadas en 2015, gestadas para exigir la renuncia del presidente Otto Pérez Molina, de la vicepresidenta Roxana Baldetti y de los funcionarios públicos, los militares, los empresarios, los políticos, etcétera, que integraban redes de crimen organizado dedicadas al saqueo del Estado guatemalteco, así como el juicio contra todos ellos.
La plaza fue un lugar privilegiado de expresión de la indignación ciudadana. Allí confluyó en movimiento lo que somos como sociedad, con buena parte de su complejidad y de sus contradicciones. En ese espacio se expresaron voces e intereses procedentes de toda la estructura de clases sociales; de las variadas procedencias étnicas, nacionales y religiosas; de todas las ideologías políticas; y de las heterogéneas formas de organización y acción colectiva. Predominó, no obstante, la presencia de extracciones urbanas, mestizas y adheridas al pensamiento y a la acción hegemónicos.

Este espacio sigue en disputa porque contribuyó al desarrollo de las estrategias de los factores dominantes de poder y puede seguir siendo utilizado para tales propósitos.   Asimismo, porque ha sido soporte político de los procesos de investigación, persecución y enjuiciamiento de redes de corrupción. Dos razones que, en la dinámica relacionada con la plaza, no son contradictorias y se resuelven cuando determinados actores promueven, frenan o combaten la movilización en dicho lugar.

Lo que resulta un hecho es que la plaza es un espacio sobre el cual se pretende tener el control y la capacidad para orientarlo en función de intereses políticos e ideológicos diversos y contradictorios.

Veamos algunas de las principales posiciones que se disputan este espacio.

Por un lado, a través del partido político Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), cámaras empresariales, grupos corporativos, medios de difusión masiva (especialmente televisivos), oenegés y fundaciones que operan como aparatos paraempresariales y la clase dominante (con intereses comunes y al mismo tiempo contradictorios) pretendieron que las movilizaciones no se desarrollaran por el riesgo de que devinieran en lo que ellos llaman ingobernabilidad. Al no lograrlo, eventualmente se sumaron a la movilización con una agenda conservadora para que las luchas y las banderas históricas de los explotados y oprimidos no fueran levantadas e incorporadas a este espacio. Como parte de su estrategia política, sectores de esta clase dominante, en alianza con otras fuerzas, principalmente de cuño contrainsurgente, insertaron la consigna «no te toca», especialmente orientada en contra del partido Líder —organización también corrupta y estrechamente vinculada al Partido Patriota, que estaba en el Gobierno—, mientras hicieron avanzar la opción del partido FCN-Nación y de su candidato Jimmy Morales, que finalmente ganó las elecciones. Todo esto, para garantizarse un margen de control en la administración gubernamental (2012-2016) que garantizara la continuidad del modelo de acumulación de capital y del Estado como garante de sus privilegios.

Por otro lado, la Embajada de Estados Unidos apuntaló la bandera de la anticorrupción, que, en tanto mecanismo de intervención (como ha sucedido con el narcotráfico y el terrorismo), hace parte de su estrategia para promover cambios en la gestión gubernamental, legislativa y judicial del Estado guatemalteco. Esto, para viabilizar y facilitar la implementación del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica. Este plan es de interés geoestratégico para Estados Unidos y constituye un dispositivo de poder para dar continuidad a su política de conducción del Estado guatemalteco en función de los intereses de aquella nación y garantizar el control de la región. Es bien sabido que dicho plan tiene importancia relevante en materia de narcotráfico, migración, gobernabilidad y contención de movimientos progresistas influidos por o confluyentes con los procesos devenidos en el sur de nuestra América. La Embajada de Estados Unidos apuntala la bandera de la anticorrupción, principalmente desde el engranaje institucional, que se concreta en el Ministerio Público y en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Cuenta a su favor, además, con una hegemonía que se expresa dentro o fuera de la plaza, en la cual su papel de imperio resulta cuestionado apenas levemente.

En este contexto, diversos colectivos y organizaciones accionan en la plaza, desde aquellos que apuestan por reformas institucionales menores y conservadoras hasta aquellos que propugnan cambios transformadores del Estado. Vale decir que, en este contexto, estos últimos no logran convertir la plaza en espacio orientado a la transformación social, lo cual se debe —en parte— al hecho de que llegan a este lugar con una correlación de fuerzas adversa y sin la capacidad de orientarlo en una dirección distinta a la que sigue teniendo: con predominio de la agenda anticorrupción y contra la impunidad de las redes mafiosas que saquean el Estado.

Siendo la plaza un espacio en disputa, un paso importante que deben dar las organizaciones y los ciudadanos que pretenden la transformación del Estado es un análisis que considere las fuerzas políticas, los intereses y las estrategias que confluyen contradictoriamente en dicho lugar. Solo así se logrará dar respuesta a a muchas preguntas. ¿Hasta dónde quienes reivindican la plaza están fetichizando el lugar? ¿Es la plaza el lugar donde se define la correlación de fuerzas de poder? ¿Es la plaza otro distractor? ¿Es en la plaza donde se decide el curso de los procesos político, judicial y mediático? ¿Quiénes son los que determinan, condicionan o mueven los hilos que orientan la movilización en la plaza? ¿Cómo gestionan la plaza los grupos corporativos, el Cacif y la Embajada de Estados Unidos? ¿Qué lugar tiene la plaza en la búsqueda de la transformación del Estado? ¿Acaso no hace falta definir primero un proyecto político alternativo, el sujeto político que lo sustente, el instrumento y la estrategia acertada para lograr transformaciones profundas? ¿Qué importancia tiene la plaza en el marco de un proyecto y una estrategia política transformadora? Y por último preguntas como para qué, quiénes, cómo y cuándo disputarse la plaza como lugar para la lucha política.

https://www.plazapublica.com.gt/content/la-plaza-en-disputa

EL ESTADO Y LA CORRUPCIÓN

Por Mario Sosa
Disto mucho de la tesis de la cooptación del Estado. Desde mi perspectiva, la corrupción o la cooptación ha sido característica consustancial del Estado.
El Estado guatemalteco contiene la corrupción como un mecanismo y una norma tácita en la gestión de la política pública. La corrupción ha sido uno de los contenidos de las relaciones económicas y políticas que se articulan en las instituciones y las políticas de Estado. Un mecanismo exacerbado a tal punto que un grupo criminal tuvo la capacidad de organizarse como partido político, ganar las elecciones y llevar a cabo uno de los despojos del erario público más grandes registrados en la historia del país. Pero el asunto va más allá de la banda criminal del Partido Patriota que gobernó entre 2012 y 2016, ese que por cierto fue la opción electoral de varios de los grupos corporativos en las elecciones de 2011.

Siendo el Estado un objeto en disputa, es necesario preguntarse quiénes han tenido los recursos, las capacidades y los conocimientos que activan —como ejercicio de poder— para garantizar su control y dirigirlo, estén o no en los principales cargos formales de gobierno. ¿Quiénes controlan el Estado? ¿Quiénes se han beneficiado de este Estado? Veamos algunas evidencias.

Por un lado, a los trabajadores se les ha impuesto un salario mínimo que para el 2016 asciende a Q2 497, absolutamente insuficiente para cubrir la canasta básica alimentaria. El salario es uno de los factores fundamentales que da como resultado la desnutrición crónica de cerca del 50 % de los niños y las niñas menores de cinco años, la pobreza general del 59 % de la población guatemalteca y la pobreza multidimensional del 70.3 % de esta. Son los bajos salarios los que el gran empresariado utiliza para competir en el mercado, lo cual no es otra cosa que lograr los mayores márgenes de ganancia a costa de esa miseria de las grandes mayorías. ¿Quién se beneficia con la política salarial del Estado? La respuesta es obvia.

Por otro lado, en una situación opuesta, 260 guatemaltecos acumulan más de 30 000 millones de dólares, lo cual equivale al 56 % de la economía anual del país. Para abonar el análisis, a marzo de 2016 se reportan utilidades por 1 027 millones de quetzales en el sistema bancario. Si se analizan los sectores agroindustrial e industrial, así como la construcción, el comercio, la telefonía y las comunicaciones, la minería y la producción hidroeléctrica, comprobaremos que las ganancias son exorbitantes y que estas se quedan en pocas manos, principalmente en esos 260 guatemaltecos, sus grupos corporativos y sus familias. ¿A quiénes ha servido el Estado? Los datos nos permiten responder.

¿Quiénes se han beneficiado de la corrupción en el Estado? ¿Quiénes han hecho uso de los funcionarios corruptos? ¿Quiénes ubican a los corruptos en esos puestos? ¿Quiénes financian las campañas de los corruptos?

En los casos de corrupción conocidos han participado grandes y medianos capitales o empresas. Así lo demuestra la evasión de impuestos por Aceros de Guatemala (Hierro AG), la concesión fraudulenta a la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), los contratos fraudulentos en la compra de medicamentos en el Ministerio de Salud y en el IGSS, la financiación de la política para la obtención de contratos por el grupo Albavisión y sus canales 3 y 7 o las implicaciones de los bancos G&T Continental y Banrural en el otorgamiento de financiamiento y préstamo a redes corruptas.

Estos casos evidencian que no solamente los corruptos han ido a ofrecer sus servicios a los empresarios. Han sido los empresarios los que han negociado, pactado, financiado y pagado comisiones a los corruptos. Son las empresas las que han creado, controlado y negociado los mecanismos de corrupción con el objeto de obtener ventajas financieras de estas transas.

Con los casos de corrupción revelados se ha evidenciado un mecanismo histórico utilizado por los poderosos de este país, quienes desde sus empresas, grupos corporativos y gremios han controlado el Estado, han decidido leyes y políticas y se han garantizado privilegios y altas tasas de ganancia, con lo cual han profundizado la miseria en el país.

Por eso la corrupción como mecanismo para la acumulación de capital en el país no desaparecerá a menos que, producto de una correlación de fuerzas diferente, dichos grupos sean desplazados del control del Estado y se avance en la creación de otro Estado. Esta es la alternativa histórica por la cual es necesario transitar para que el Estado se oriente a garantizar el bien común antes que el interés de empresas o capitales locales y transnacionales.

https://www.plazapublica.com.gt/content/el-estado-y-la-corrupcion


REFUNDACIÓN DEL ESTADO: ENTRE DOS CAMPOS DE PENSAMIENTO

Por Mario Sosa

El término refundación parece haberse popularizado al punto de que izquierdas y derechas, organizaciones sociales y políticas, instituciones académicas, oenegés y medios de comunicación han empezado a utilizarlo para nombrar la pretensión de cambios en el Estado.
Con mayor o menor elaboración teórica o política, al término se le otorga un significado en el cual se visualizan coincidencias y divergencias fundamentales, las cuales pueden situarse en dos campos generales de pensamiento.

En un primer campo general de pensamiento, al Estado se le atribuye incumplimiento de las funciones que constitucionalmente le corresponden. En este sentido, la solución consiste en hacer una revisión de las leyes y las instituciones con el objeto de que este Estado retome sus funciones en materia de justicia, seguridad, etc. Esto es, para que vuelva a sus principios originales, se adapte al momento actual y dé solución a los problemas que enfrenta, todo esto a criterio de quienes hacen el diagnóstico y formulan una determinada propuesta de refundación.

En este caso, suele pensarse que este Estado, con su fundamento constitucional, jurídico y político, constituye algo que puede perfeccionarse. Esta es la perspectiva de corrientes que pretenden dotar al Estado de las capacidades necesarias para mantener la gobernabilidad (el dominio, en otros términos) y garantizar la inversión (la acumulación de riqueza en pocas manos) y la propiedad privada (como sustento del régimen económico), por ejemplo.

En torno a esta mirada, con sus diferencias de matiz, encontramos posiciones sistémicas propias de grupos de la burguesía o de la burguesía emergente, de estructuras políticas que son vehículo de intereses espurios y corruptos y de personas o instituciones bien intencionadas pero afincadas en un paradigma limitado en materia de pensamiento teórico, político e ideológico. Este campo de pensamiento tiende, en general, a la reproducción del Estado como un campo e instrumento para reproducir el establishment fundado en el capitalismo como régimen económico y social y en un sistema político y una hegemonía que garanticen su sostenimiento.

En un segundo campo general de pensamiento, el Estado es pensado como un aparato que, fundado en intereses oligárquicos, tutelado por el Ejército y la embajada estadounidense y con fuerte contenido contrainsurgente, sirve fundamentalmente para garantizar la acumulación de capital en todas sus formas, reproducir la dominación de las grandes mayorías y multiplicar explotación, expolio, pobreza, racismo, exclusión, marginación y relaciones patriarcales. Es decir, el Estado es visto como un ente que tiene dificultades para sostener el consenso, el dominio, la explotación y el expolio más allá de que no cumple con sus principios constitucionales.

Más que reformas, desde esta perspectiva se plantea la necesidad de construir otro Estado, con nuevas definiciones y nuevos principios (algunos coincidentes con el actual, por ejemplo en lo referente a los derechos humanos), con nueva institucionalidad y con políticas radicalmente distintas a las que actualmente predominan. Esto significaría una nueva correlación de fuerzas expresada en el Estado, con otros sujetos definiendo y decidiendo las políticas públicas. Si desde esta matriz de pensamiento se plantean reformas como un paso para avanzar en la construcción de dicho Estado, esta no es condición sin la cual se pueda transitar por ese proceso creador.

En este campo de pensamiento confluyen, con sus diferencias y contradicciones, distintos sujetos, organizaciones y movimientos que pretenden construir, con mayor o menor precisión y definición, un Estado plurinacional para erradicar la opresión y el racismo, poscapitalista para erradicar la explotación y el expolio y que garantice condiciones para erradicar el machismo y el sistema patriarcal.

En ambos campos de pensamiento, los términos refundación del Estado son polisémicos e incluso antagónicos. Son conceptos en disputa. De ahí, desde quienes pretenden construir otro Estado, surge la necesidad de preguntarse: ¿deben orientarse esfuerzos en esa disputa conceptual? ¿No sería mejor definir un término que no sea objeto de cooptación y que refleje con claridad el proyecto de un Estado nuevo?

Desde mi perspectiva, no se trata de rehuir la lucha ideológica, la cual tiene que darse, pero a partir de términos que no dejen ninguna duda sobre el contenido de la búsqueda política. Además, no debe olvidarse que los elementos decisivos no son precisamente los términos, sino los sujetos de la transformación social, su claridad teórica e ideológica, su proyecto, su estrategia y la construcción de la correlación de fuerzas necesaria para lograr sus fines.

https://www.plazapublica.com.gt/content/refundacion-del-estado-entre-dos-campos-de-pensamiento