19 de mayo de 2016

REFORMA, REFUNDACIÓN Y CREACIÓN DE UN NUEVO ESTADO EN GUATEMALA

Por Mario Sosa

En varias ocasiones he afirmado que este Estado no nos sirve y nunca nos ha servido a las inmensas mayorías empobrecidas, explotadas y oprimidas de este país.

Los profundos y extensos problemas nacionales, los indicadores sociales y las demandas y reivindicaciones de diversos sujetos sociales así lo confirman. El Estado ha sido útil, no obstante, para una oligarquía que, mediante su control y dirección estratégica, ha garantizado un modelo de acumulación de capital, un régimen político y una hegemonía que garantizan su reproducción como clase dominante.

Siendo el Estado la concreción de una correlación de fuerzas históricas, se constata que la gran ganadora ha sido la oligarquía. Esa oligarquía que hoy se configura principalmente a partir de grupos corporativos en proceso de expansión local y transnacional, controlados por familias autoidentificadas como criollas y blancas, cuyo paradigma de sociedad está afincado en su origen español, en su supuesta superioridad racial y en el Occidente consumista y degradado de Miami o del cliché de la cultura europea. Esa oligarquía que tiene en el Cacif a su principal partido político (en sentido gramsciano), a la mayoría de instituciones políticas (partidos políticos en sentido liberal-institucionalista) como operadores en los organismos Legislativo y Ejecutivo, oficinas de abogados corporativos como principales operadores en el Organismo Judicial y medios de difusión masiva como principales instrumentos para la construcción de hegemonía. Circula en su entorno otro conjunto de actores que intentan antagonizar y negociar cuotas de acumulación tanto en el ámbito de la economía como en el Estado.

Estamos ante un Estado construido como un aparato de clase para garantizar los intereses de esa oligarquía que, en tanto núcleo dirigente principal de la burguesía local, ha sabido sortear las crisis en las cuales su poder ha sido impugnado y ha sorteado hábilmente las estrategias reformistas o revolucionarias. Es este Estado el que está en cuestionamiento y en disputa.

Por un lado, quienes controlan el régimen (entre los que habrá que incluir la Embajada de Estados Unidos) pretenden una reforma limitada al sector justicia tal que permita un respiro al sistema por la vía de cambios acotados predispuestos, de un supuesto diálogo que limite la participación de sujetos sociales y de un procedimiento que deje en manos de un Congreso cuestionable la aprobación final y la convocatoria a consulta popular. Es una reforma que persigue hacer gobernable la implementación de planes económicos y geoestratégicos.

Por otro lado están quienes cuestionan el régimen político y este Estado. En general, unos se orientan por una vía de reforma constitucional integral, que se oriente a disminuir el poder de la oligarquía y democratice la economía y la competencia por el control de los organismos del Estado. Otros, si bien conciben una etapa reformista, persiguen abrir un camino que pase por una asamblea nacional constituyente que permita la redacción de una Constitución Política nueva, que geste un Estado plurinacional, democrático y popular, es decir, una estrategia democrática y de ruptura.


En este marco surge la propuesta de refundación del Estado encabezada por el expresidente Jorge Serrano Elías (1991-1992), quien después de intentar un golpe de Estado salió del país a refugiarse en Panamá. Esta es una propuesta de la cual se han desmarcado sujetos que proponen un nuevo Estado plurinacional, democrático y popular, así como otros actores que pretenden reformas democráticas en el país. El llamado frente político anunciado con ese liderazgo parece haber nacido muerto, sin respaldo real, salvo que sectores de poder dominantes lo promuevan para intentar cooptar las luchas y los sujetos históricos que pretenden, con justificación y legitimidad, la creación de un nuevo Estado.

https://www.plazapublica.com.gt/content/reforma-refundacion-y-creacion-de-un-nuevo-estado-en-guatemala

http://www.alainet.org/es/articulo/177554

CRIMINALIZACIÓN DE LA RESISTENCIA SOCIAL EN GUATEMALA

Por Mario Sosa

En los últimos tres lustros se ha incrementado la resistencia social de comunidades, pueblos, organizaciones y movimientos sociales a los proyectos extractivos mineros, hidroeléctricos, de palma aceitera, caña de azúcar, banano, entre otros, que son expresión de un modelo de acumulación, mal llamado de desarrollo.

Dicha resistencia es objeto de una política de criminalización, en la cual se articulan empresas interesadas en mermar la protesta contra la expansión e intensificación del extractivismo, el Estado que facilita la acumulación de capital y un conjunto de aparatos ideológicos entre los cuales se cuentan medios masivos de difusión, fundaciones, oenegés y operadores políticos, judiciales y periodistas.

Como parte de la mascarada son contratados abogados corporativos que accionan a partir de la fabricación de cargos criminales, tales como: injuria, difamación, hurto, secuestro, intento de asesinato, hasta acusaciones de terrorismo. Esto forma parte de procesos planificados de acusación y persecución judicial, como también de acciones de intimidación y amenaza, represión policial y militar, y no pocos atentados y ejecuciones extrajudiciales[1]. Así se explica la persecución penal en contra de Daniel Pascual[2] y el apresamiento político –camuflado  de judicial–  de dirigentes sociales entre los cuales están: Rigoberto Juárez, Arturo Pablo, Ermitaño López, Rigoberto Patzán, Domingo Baltazar, Mynor López, Adalberto Villatoro, Chico Palas, Alonzo de Jesús Torres, Valerio Carrillo y Jorge Lopez.[3] El asesinato de Walter Méndez, presidente de la Cooperativa La Lucha (Las Cruces, Petén), ocurrido el 16 de marzo del presente año, y el de Diego Esteban, comunicador en la radio Sembrador y parte de la lucha contra proyectos hidroeléctricos (Ixcán, El Quiché), sucedido el primero de mayo, constituyen casos de ejecución extrajudicial con fuertes indicios de ser resultado de esta política represiva. En todos los casos estamos ante la criminalización y represión de defensores del derecho al agua, a la madre tierra, al territorio, a la vida y a la libertad de expresión del pensamiento.

¿Qué evidencia la estrategia de criminalización y represión contra la resistencia social al modelo de acumulación de capital? Evidencia un Estado que penaliza el derecho a defender derechos reconocidos por la Constitución Política y en convenios internacionales ratificados por Guatemala, como el Convenio 169 de la OIT que faculta a los pueblos indígenas para decidir sobre su propio desarrollo y sobre proyectos que pudieran afectarles, como los mineros, hidroeléctricos, etc. Asimismo, la existencia de actores empresariales y estatales que reprimen y criminalizan a luchadores y líderes sociales con el objetivo de garantizar intereses de empresas locales y transnacionales. También un Estado que, por acción y omisión, viola derechos humanos e incumple sus deberes constitucionales para garantizar el bien común.

Ahora que se discuten reformas constitucionales en materia de justicia –fundamentalmente de corte  institucional–, la pregunta que surge es si estas serán suficientes o se necesita un nuevo Estado. A la luz de las injusticias que se plasman en la criminalización de la resistencia social, enraizadas en el modelo de acumulación de capital, creo que se necesita un nuevo Estado que nos garantice un modelo económico que priorice al ser humano y la madre tierra.



[1] Al menos 70 sindicalistas fueron asesinados entre 2004 y 2013, algo que hace suponer una política contra el  sindicalismo y sus luchas. Red de Defensores de Derechos Humanos de Guatemala. Informe anual sobre violencia antisindical en Guatemala2015, (Guatemala: RDDHG, 2016).

[2] Véase Mario Sosa, “Daniel Pascual, perseguido político en Guatemala”, Plaza Pública, 4 de mayo de 2016, acceso el 6 de mayo de 2016,  https://www.plazapublica.com.gt/content/daniel-pascual-perseguido-politico-en-guatemala.

[3] En Huehuetenango se reportan diecinueve defensores del territorio encarcelados injustamente entre el 2 de mayo de 2012 a la fecha.

4 de mayo de 2016

DANIEL PASCUAL, PERSEGUIDO POLÍTICO EN GUATEMALA

Por Mario Sosa
Daniel Pascual, hombre k’iche’, es dirigente del Comité de Unidad Campesina (CUC), una de las organizaciones campesinas históricas de Guatemala, y de la Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib’ Kej.
Desde sus inicios en el CUC, Daniel se ha distinguido por su compromiso de lucha por los derechos colectivos y por las transformaciones en el país, en especial por la tierra y por políticas agrarias y rurales para beneficio del campesinado y de las comunidades indígenas y rurales, negadas permanentemente por la clase dominante y por sucesivos gobiernos.
Daniel ha participado en la conducción de luchas contra políticas y leyes nocivas, de beneficio exclusivo para el capital local y transnacional, como la llamada ley Monsanto y el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos, cuyos impactos significaron un grave deterioro de la economía campesina y rural. Asimismo, Daniel viene siendo fundamental en la defensa de los territorios indígenas ante la embestida extractivista. La última de estas luchas fue la Marcha por el Agua, la Madre Tierra, el Territorio y la Vida.
En la actualidad, Daniel, como muchos otros luchadores sociales, es objeto de un proceso de criminalización. Esto forma parte de la persecución contra el movimiento campesino e indígena y las comunidades y los pueblos mayas, xinca y mestizo, los cuales están resistiendo a los proyectos y a las políticas extractivas.
Daniel es acusado de supuestas injuria, difamación y calumnia. Lo acusa Ricardo Méndez Ruiz, exmilitar, columnista y político de extrema derecha, quien desde la Fundación contra el Terrorismo, financiada por empresarios, realiza una férrea defensa a favor de militares acusados de crímenes de lesa humanidad y se dedica a actuar contra las organizaciones que accionan para lograr justicia por crímenes de guerra y contra el extractivismo.
No hay duda de que Méndez Ruiz pretende aplacar la lucha social. Se afirma esto porque la denuncia contra Daniel se origina en declaraciones emitidas en el ejercicio de su derecho a la libre emisión del pensamiento y en su legítimo derecho a expresar su apoyo a la resistencia de la comunidad Las Trojes (San Juan Sacatepéquez, Guatemala), que lucha contra la cementera San Gabriel, propiedad de la familia Novella. En especial, Daniel cuestionó la acción de columnistas que, como Méndez Ruiz, lo acusan de terrorista y han tergiversado su labor como dirigente campesino. Es evidente también su pretensión de inmovilizar políticamente a Daniel Pascual, ya que persigue que sea objeto de arraigo y embargo de sus bienes[1].
Resulta sospechoso también que la denuncia sea procesada por vía ordinaria del Código Penal y con la intervención de un tribunal de imprenta, y no por la Ley constitucional de Emisión del Pensamiento. En este marco, la jueza Carmen Toaspern ligó a proceso penal a Daniel con el argumento de que la ley mencionada solo se aplica a periodistas. Esta decisión impone una interpretación que gremializa el derecho de libre emisión del pensamiento y contraviene la Constitución Política en esta materia. Por esta razón, la jueza Toaspern fue objeto de recurso de recusación y de denuncia ante el Procurador de los Derechos Humanos por obviar la aplicación del derecho constitucional referido al derecho a la libertad de emisión del pensamiento.
La Organización Mundial contra la Tortura y la Federación Internacional de Derechos Humanos enfatizaron que en este caso existen anomalías procesales. Actualmente está en manos de la Corte de Constitucionalidad resolver el recurso para enmendar la decisión de la jueza antes mencionada y restituir el derecho a la libre emisión del pensamiento.

[1] Sobre Méndez Ruiz pesa una sanción por incitación al odio contra activistas de derechos humanos emitida en 2013 por el Procurador de los Derechos Humanos.


https://www.plazapublica.com.gt/content/daniel-pascual-perseguido-politico-en-guatemala
http://www.alainet.org/es/articulo/177209
http://www.movimientos.org/es/content/daniel-pascual-perseguido-pol%C3%ADtico-en-guatemala


LA MARCHA POR EL AGUA: UNA LUCHA ESTRATÉGICA DE TODOS

Por Mario Sosa
Desde el 11 de abril han empezado a movilizarse miles de guatemaltecas y guatemaltecos que han decidido caminar cientos de kilómetros como parte de una lucha que es vital y estratégica: la lucha por el agua. Esta movilización ha sido denominada Marcha por el Agua, la Madre Tierra, el Territorio y la Vida y se desarrolla en tres vertientes que iniciaron su recorrido desde Tecún Umán (San Marcos), Purulhá (Baja Verapaz) y La Mesilla (Huehuetenango).
La marcha, organizada por la Asamblea Social y Popular (ASP), a la cual se han sumado un sinnúmero de organizaciones, comunidades y barrios, tiene argumentos sólidos para realizarse. La misma ASP plantea que el 97 % de las fuentes de agua dulce del país están contaminadas y que la desertificación en el país actualmente sobrepasa los 20 000 kilómetros cuadrados (18.5 % del territorio).
Así las cosas, la marcha resulta fundamental como movilización y protesta ciudadana. En primer lugar, porque cientos de comunidades, barrios y colonias padecen la falta de acceso a agua, originada del avance en la apropiación legal e ilegal del agua que empresas capitalistas han estado realizando con el objetivo de garantizar el riego de sus cultivos de caña de azúcar, café, palma aceitera, banano, y la producción de bebidas embotelladas, entre otros. Cientos de comunidades están siendo despojadas de sus fuentes naturales de aprovisionamiento del vital líquido, ríos y riachuelos, lagunas y lagos, sin que las autoridades nacionales y municipales hagan nada al respecto. Más allá, las ciudades pequeñas, intermedias y grandes estamos sufriendo también de ese despojo, ya que dependemos de tales fuentes para surtir nuestros sistemas de aprovisionamiento de agua potable.
Esta problemática también se expresa en otros datos aportados por la ASP, que afirma: «Con relación a las actividades económicas y al uso del agua, para el 2003 la agricultura y la ganadería utilizaron el 53 % del agua, las industrias el 30 % y el suministro de electricidad, gas y agua el 12 %. Si se habla del uso del agua en riego de cultivos agrícolas, solo la caña de azúcar y la palma de aceite (o africana) consumieron el 61 % para el 2010, y el banano, el plátano y el melón, el 22 %, en cuyos casos la mayor fuente utilizada son los ríos. Siendo que la caña de azúcar, la palma aceitera y el banano han ampliado su área de producción, en el 2016 consumen más agua en riego en comparación con el 2010, año en el que consumieron entre el 55 y el 63 % del agua utilizada por las actividades económicas en general. Le siguen la producción de melón con el 3.35 % y de mango con 2.14 %. Mientras, la extracción de agua para uso doméstico es solo del 3 % aproximadamente»[1].
Los efectos, asimismo, se hacen sentir sobre la agricultura familiar y la economía campesina, de las cuales dependen cientos de miles de familias en el país. Estos ámbitos de producción alimentaria se ven imposibilitados de irrigar sus cultivos y padecen la destrucción de sus territorios, ya que ríos robados y desviados hacia las grandes fincas y hacia los agronegocios impiden la irrigación natural de aquellos, con los consiguientes efectos sobre la vida animal y vegetal y sobre la productividad de quienes proveen de alimentos a todo el país.
Complementariamente, Gobiernos municipales —como el encabezado por Álvaro Arzú en la capital— dirigen una política que prioriza la provisión de agua al gran negocio y a las colonias de la burguesía, mientras deja en la escasez a los barrios y a las colonias marginales y populares. Mientras, toleran la contaminación de ríos, lagunas y lagos y son incapaces de garantizar el tratamiento de las aguas y la provisión de agua potable a toda la ciudadanía.
Esto sucede en un contexto donde el Estado capitalista desarrolla una política que permite y facilita el despojo de las aguas y su contaminación y reprime la protesta social cuando se levantan exigencias y luchas ciudadanas ante la indefensión que padece la inmensa mayoría de comunidades, barrios y colonias.
En vista de que el capitalismo y el Estado capitalista están negando y violando el derecho humano al agua, la Marcha por el Agua, la Madre Tierra, el Territorio y la Vida se justifica y se legitima plenamente.
La Marcha por el Agua, la Madre Tierra, el Territorio y la Vida es una lucha estratégica de todas y todos. Siendo así, como ciudadanas y ciudadanos conscientes sobre la problemática del agua, debemos organizarnos, solidarizarnos y sumarnos a la marcha, que llegará a la capital el 22 de abril.
Levantemos nuestra voz para resolver un problema de carácter nacional y estratégico que afecta nuestra propia supervivencia como sociedad.

[1] Estos datos coinciden con información aportada por estudios del Instituto Nacional de Estadística, del Banco de Guatemala y del Instituto de Investigación y Proyección sobre Ambiente Natural y Sociedad de la Universidad Rafael Landívar, disponibles en sus respectivas páginas electrónicas.
En: https://www.plazapublica.com.gt/content/la-marcha-por-el-agua-una-lucha-estrategica-de-todos