27 de octubre de 2016

Pluralismo jurídico en la propuesta de Waqib’ Kej

La Coordinadora y Convergencia Nacional Maya Waqib’ Kej presentó el nueve de agosto  la segunda edición, revisada y aumentada del texto Demandas y propuestas políticas de los Pueblos Indígenas de Iximulew. Caminando hacia un proyecto político para la reconstitución del Buen Vivir y la fundación de un Estado Plurinacional.[1]

Proveniente de una de las expresiones más importantes de los pueblos mayas, esta publicación tiene una importancia fundamental para repensar la sociedad y el Estado guatemalteco.

Esta propuesta trasciende la perspectiva y el derecho legítimo que tienen los pueblos indígenas para demandar transformaciones sociales, económicas y políticas, siendo las históricas y profundas problemáticas que les aquejan. Más allá de esta perspectiva  y derecho, Waqib’ Kej propone un nuevo modelo económico para la vida y un régimen político más democrático. En ese sentido, trasciende a toda la sociedad, a todas y todos los ciudadanos y sujetos colectivos que de una u otra manera sufrimos los efectos de una economía basada en el expolio y la explotación y un Estado que sirve al capital y reprime la protesta social y la demanda de derechos.

En específico, una de las propuestas relacionada con la fundación del Estado Plurinacional, Popular y Multisectorial que plantea Waqib’ Kej, está referida al pluralismo jurídico. Esto implica que el Estado reconozca constitucionalmente los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas. En otros términos, que acepte la existencia y desarrollo de los principios, las normas, procedimientos, sanciones, los órganos y autoridades encargadas de su aplicación y cumplimiento, así como su competencia y aplicación jurisdiccional. Así mismo, requiere que el Estado garantice la coordinación, interacción y aplicación del sistema de justicia indígena y el sistema de justicia occidental en todos los niveles del sistema de administración de justicia. Complementariamente que utilice los idiomas indígenas de acuerdo a la comunidad lingüística del procesado.

Esta propuesta se plantea en un momento en el cual resulta evidente el fracaso del sistema de justicia oficial y dominante para garantizar justicia. Esto se debe, entre otros factores, a que ha sido concebido y configurado para servir a intereses de la clase social y los grupos políticos y militares dominantes. Es un sistema que, como lo experimentan los pueblos indígenas y las grandes mayorías sociales, opera de forma pronta y cumplida para beneficio de quienes tiene la capacidad financiera de garantizarse impunidad y para utilizar la ley como dispositivo de poder a su favor. Además, está altamente penetrado por mafias y en muchos casos es operado por redes de funcionarios públicos y bufetes de abogados a su  servicio.

Es esto lo que justifica la propuesta de fundación de un nuevo Estado y, en específico, la transformación del sistema de justicia en particular. En un contexto como el guatemalteco, dichos cambios incluyen modificaciones constitucionales y no solamente de leyes ordinarias. Entre otras reformas constitucionales, el reconocimiento a la jurisdicción de  los sistemas de justicia de los pueblos indígenas.

Con ese propósito, corresponde a las comunidades y pueblos indígenas luchar por sus derechos colectivos. Entre otros, el relacionado con el desarrollo de todas las potencialidades y la corrección de las imperfecciones en la aplicación sus propios sistemas jurídicos. A las instituciones, organizaciones y población mestiza, corresponderá erradicar el racismo reproducido socialmente y por el Estado, que con prejuicios devenidos de campañas amarillistas contra la aplicación de la justicia indígena, se niega las posibilidades que dichos sistemas poseen para resolver los graves problemas, deficiencias e inefectividades con que opera el sistema de justicia estatal.

En este momento que se discuten posibles reformas constitucionales, debemos actuar en dirección a que se conozcan los fundamentos y aplicaciones de tales sistemas de justicia indígena. A partir de ahí seguramente encontraremos los argumentos necesarios para desechar los criterios racistas e infundados que  niegan los aportes de tales sistemas y  la necesidad de su reconocimiento constitucional en un marco de pluralismo jurídico que corresponde a una sociedad configurada por la existencia de pueblos o naciones diversas.

En: Noticias del Corredor, Huehuetenango, CEDFOG, septiembre 2016



[1] Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib’ Kej. Demandas y propuestas políticas de los pueblos de Iximulew. Caminando hacia un proyecto político para la reconstitución del Buen Vivir y la fundación de un Estado Plurinacional (Guatemala: Waqib’ Kej, agosto 2016)

6 de septiembre de 2016

De la propuesta del Estado plurinacional en Guatemala

¿A partir de qué ideas repensamos el Estado, siendo una necesidad su transformación? Un aporte en esa búsqueda lo encontramos en el texto Demandas y propuestas políticas de los pueblos indígenas de Iximulew, presentado inicialmente en noviembre de 2015 por la Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib’ Kej, el cual fue reeditado y puesto a disposición pública en el diálogo público Estado y Pueblos Indígenas, realizado el 9 de agosto del año en curso[1]. En él se recoge el planteamiento sistematizado procedente de consultas territoriales a organizaciones y representaciones comunitarias y de pueblos indígenas principalmente.
Desde su voz como una de las representaciones organizadas de pueblos indígenas en Guatemala, Waqib’ Kej presenta una mirada crítica sobre el Estado guatemalteco, el cual concibe como una construcción que históricamente ha sido instrumento de la clase social dominante y de cuyo control se ha beneficiado en conjunto con el capital transnacional y las mafias. Agrega que los distintos gobiernos han sido simplemente administradores y gestores de dichos intereses minoritarios. El Estado —concluye Waqib’ Kej— está anclado en formas coloniales, por lo que está agotado históricamente.

A partir de esto, Waqib’ Kej afirma que, con el Estado-nación, dicha clase social ha tratado —en vano— de imponer un proyecto de sociedad homogénea, formulado leyes, creado instituciones y aplicado políticas que reproducen su exclusión e impiden su representación como pueblos en los organismos del Estado y el ejercicio de sus derechos colectivos a la libre determinación, al autogobierno, al territorio, al desarrollo pleno de sus sistemas jurídicos, de salud y productivos, a vivir plenamente su identidad y cosmovisión, etc. Más aún, confirma que el Estado no garantiza el bien común.

Por ello Waqib’ Kej propone la fundación de un Estado plurinacional, el cual entiende como una organización política en la cual todos los pueblos o naciones, en su calidad de sujetos colectivos, estén plenamente representados. Un Estado orientado a construir un nuevo poder, profundamente democrático y garante del bien común, en el que tengan cabida todos los sujetos que padecen despojo, explotación y opresión —como la clase trabajadora y las mujeres— y se construyan nuevas relaciones entre los seres humanos, los pueblos, los sectores y los grupos sociales, entre la sociedad y la madre tierra.

La unidad de dicho Estado estaría en el reconocimiento de la diversidad en términos no solo culturales, sino también políticos, económicos y sociales. Es decir, sería un nuevo pacto social basado en una comunidad de pueblos o naciones que habrán de compartir los beneficios de construir un Estado compartido, basado en el buen vivir, con normas y políticas que garanticen los derechos comunes y los derechos específicos y colectivos de los pueblos indígenas. Esta será, concluye Waqib’ Kej, la base de una cohesión histórica de nuevo tipo.

Esto implicaría gestar un gobierno plurinacional y gobiernos territoriales autónomos como base para el ejercicio del derecho a la libre determinación —que no significa autodeterminación como nuevo Estado— y para construir la unidad nacional. Esto implicaría el reconocimiento de facultades políticas y territoriales ejercidas por las formas de organización, autoridad, participación, consulta y decisión de los pueblos indígenas con relación a asuntos económicos, políticos, culturales, sociales y jurídicos que les competen.
En la perspectiva de Waqib’ Kej, el nuevo Estado sería posible por la integración de una asamblea nacional constituyente que apruebe una nueva constitución política que defina una nueva institucionalidad y modifique la territorialidad político-administrativa, cuya legalidad se base en el pluralismo jurídico y en políticas públicas de nuevo tipo, correspondientes a los fines que establezca.

Con esta recuperación no se pretende agotar la riqueza de la propuesta ni mucho menos reducirla o castrarla. Se persigue que los lectores puedan acceder a ella y generar las dinámicas necesarias para su estudio. Esto permitirá recuperar de la propuesta todo aquello que nos aporte para repensarnos como sociedad y como Estado.

En este misma dirección, también habrá que recuperar las propuestas de refundación del Estado que han publicado otras organizaciones como el Consejo del Pueblo Maya (CPO)[2], el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca)[3] y planteamientos relacionados que forman parte de plataformas de lucha social como la Asamblea Social y Popular y la Alianza Política Sector de Mujeres.

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[1] Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib’ Kej (2016). Demandas y propuestas políticas de los pueblos de Iximulew. Caminando hacia un proyecto político para la reconstitución del buen vivir y la fundación de un Estado plurinacional. Guatemala: Waqib’ Kej.
[2] Consejo del Pueblo Maya (2014). Proyecto político. Un Estado para Guatemala: democracia plurinacional y gobiernos autónomos de los pueblos indígenas. Guatemala: CPO.
[3] Comité de Desarrollo Campesino (2016). Guatemala. Vamos para un proceso de asamblea constituyente popular y plurinacional. Guatemala: Codeca.

https://www.plazapublica.com.gt/content/de-la-propuesta-del-estado-plurinacional-en-guatemala
http://www.albedrio.org/htm/articulos/m/msosa-088.html
http://rebelion.org/noticia.php?id=216388
http://www.alainet.org/fr/node/180032


El sistema de partidos políticos: un problema estructural

Por Mario Sosa

El Estado actual no garantiza el bien común y no acciona en beneficio de las grandes mayorías. Por el contrario, constituye uno de los nudos problemáticos que impiden la solución de los problemas históricos y estructurales de Guatemala.
En este marco, el llamado sistema de partidos políticos, siendo parte del engranaje que reproduce este Estado, conforma, asimismo, uno de los problemas fundamentales a enfrentar.

Pregúntese usted, amiga lectora, amigo lector: ¿algún partido está buscando solución coherente a los problemas fundamentales que nos aquejan como país? Seguro usted tiene su propia respuesta. La mía es que, aun con sus matices, que podrían argumentarse en el caso de los partidos de izquierda, ningún partido político está aportando soluciones coherentes.
Es indudable que los partidos políticos no cumplen con las funciones que les han sido asignadas por la teoría funcionalista. No intermedian ni agregan y tampoco representan a los distintos grupos, intereses y visiones presentes en la sociedad guatemalteca. Por ejemplo, no representan a la clase trabajadora, a los pueblos indígenas, al campesinado, a las mujeres o a la juventud, solo por mencionar algunos de los sujetos que integran las grandes mayorías.

Como parte del régimen político, los partidos intervienen en el ritual electoral, a través del cual supuestamente los ciudadanos elegimos a quienes ejercerán la dirección del Organismo Ejecutivo y la emisión de leyes e indirectamente a quienes integrarán las cortes del sistema de justicia. Son, asimismo, los órganos encargados de gestionar y dirigir las políticas públicas cuando logran acceder a cuotas importantes de la administración gubernamental. Formalmente, entonces, cumplen apenas con estas dos funciones que les competen.

En contraste con los planteamientos funcionalistas, en el caso de Guatemala los partidos políticos constituyen instrumentos que reproducen el régimen económico, social y político imperante. En general intermedian, agregan y representan los intereses de sus dueños, de quienes los financian y controlan, en un contexto en el cual los partidos con pretensiones de representar intereses mayoritarios son incapaces de hacerlo.

Así las cosas, dichas instituciones son controladas o dirigidas por élites que pertenecen o proceden de la clase económicamente dominante (del capital o de la burguesía local), articulada con el capital transnacional y con mafias de distinto tipo, como evidencia el caso Cooptación del Estado. Asimismo, son manejadas por élites de extracción militar, de la mafia o de grupos de burguesía emergente, que, en busca de beneficiarse a sí mismas, tienden a representar los intereses fundamentales del capital local y del transnacional.

Siendo esta la orientación fundamental de los partidos políticos, estos tienden a reproducir el modelo de acumulación de capital que a su vez reproduce la miseria, la marginación y la exclusión social. Esto explica que el Congreso de la República, en general, apruebe leyes que beneficien los intereses antes descritos mientras se implementan distinto tipo de argucias para oponerse a leyes que cuestionan dicho modelo de acumulación de capital y buscan el beneficio de sectores históricamente dominados y excluidos. Así ha sucedido con la aprobación de leyes y políticas para garantizar privilegios fiscales y mantener una carga impositiva de carácter regresivo (donde pagan más quienes menos tienen) y con la oposición y el veto a la iniciativa 40-84, ley del sistema de desarrollo rural integral.

Los partidos políticos también se orientan a reproducir el régimen político. En específico, ese régimen que les permite reproducirse y beneficiarse del papel que cumplen como herramientas intermediarias del capital, de las mafias y de élites parasitarias del Estado. Por ello se oponen a demandas y propuestas de reforma política que tiendan a disminuir su importancia como engranajes de tales intereses. Por tales razones son contrarios a garantizar la representación de los pueblos, de las clases sociales y de los sectores mayoritarios en los distintos organismos del Estado. Esto se comprueba con las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos aprobadas recientemente, las cuales han sido absolutamente insuficientes.

Más allá de lo anterior, como quedó demostrado con especial énfasis y contundencia en el período gubernamental y en el proceso electoral anteriores, los partidos políticos han sido organizaciones para delinquir, como sucedió, por ejemplo, con los partidos Patriota y Líder. Asimismo, han sido instituciones protectoras y guaridas de políticos tránsfugas y corruptos. También operaron para elegir un gobierno nacional y unos gobiernos locales incapaces, reproductores y facilitadores del modelo de acumulación de capital y del régimen político.

Los partidos políticos han sido instituciones protagonistas o comparsas de un fraude electoral que, sin violentar el voto emitido por ciudadanos incautos, ignorantes o cómplices, configuró económica, política y mediáticamente la elección de 2015. Esto se evidencia a) en la elección legal pero fraudulenta de la Corte de Constitucionalidad, de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Supremo Electoral, ya que en estos hechos intervinieron el partido del crimen organizado —el llamado Partido Patriota—, partidos políticos con presencia en el Congreso de la República, grupos corporativos y organizaciones mafiosas; b) en el financiamiento ilícito de las principales campañas, procedente de grupos corporativos, de empresas transnacionales y locales, de organizaciones criminales y de políticos interesados en continuar el saqueo del Estado y el despojo de los recursos estratégicos del país; y c) en la activación de los principales medios de difusión masiva, televisivos, radiales y escritos, que, actuando como parte interesada en acumular más riquezas y control político, procedieron a la manipulación de la ciudadanía para beneficiar a los ganadores o principales contendientes.

Esto nos lleva a concluir que los partidos políticos son parte del engranaje institucional reproductor de este Estado. Son los intermediarios o guardianes de los intereses del capital, de las mafias y de una mal llamada clase política que en complicidad constituyen los grandes obstáculos que impiden la más leve reforma modernizadora. Es por ello que se afirma que el sistema de partidos políticos no constituye un factor de cambio en el país. Todo lo contrario, es uno de los problemas estructurales que requiere solución de raíz.

https://www.plazapublica.com.gt/content/el-sistema-de-partidos-politicos-un-problema-estructural

28 de julio de 2016

EL AGUA: ¿UN DERECHO O UNA MERCANCÍA?

Por Mario Sosa

Las denuncias sobre el desvío, el robo y la contaminación de ríos, lagunas y lagos a manos de las principales empresas agrícolas, agroindustriales, industriales, mineras, petroleras, hidroeléctricas y de servicios que dominan el actual modelo de acumulación de capital de Guatemala han sido objetivas, contundentes e innegables.

Ante la imposibilidad de defensa, las empresas señaladas y otras que hacen del agua un negocio están dirigiendo su estrategia a la defensa de sus intereses. En específico, una de sus principales acciones está orientada a la aprobación de una ley de aguas que defina este recurso como un bien objeto de transacción, es decir, como una mercancía. De esta manera podrán continuar apropiándose de ella y contaminándola sin mayores costos financieros.

Si las empresas logran su propósito, una ley formulada y aprobada según sus intereses, se legalizará el otorgamiento de licencias y concesiones para el control, la propiedad, el uso, la distribución y la venta de agua de forma natural o modificada (contaminada con químicos, como sucede con las aguas minerales o gaseosas, por ejemplo).

Con la conformación, los intereses y la cultura política que predominan actualmente en el Congreso de la República, lo más probable es que logren sus propósitos, ya que pueden alcanzar el voto favorable de la mayoría de bancadas y de diputados. Lo previsible es que la propuesta del Colectivo Agua, Vida y Territorios, presentada por tres bancadas minoritarias como iniciativa 50-70, en la cual participaron representaciones sociales de distinta procedencia, simplemente sea desechada para su discusión.

Con una ley a su favor se abriría la posibilidad de que, por una cantidad de dinero —la menor posible—, los empresarios aseguren la rentabilidad de sus negocios al garantizarse el desvío y el uso privados y privativos de aguas de ríos y subterráneas, por ejemplo, así como a través de la venta del servicio de agua y de aguas procesadas a los precios que impongan.

Esto impediría acceder a este vital líquido a miles de comunidades rurales que dependen del agua procedente de ríos, lagunas y lagos. Implicaría la adquisición del vital líquido a precios exorbitantes, especialmente en regiones, municipios, comunidades y colonias cuyas poblaciones se han visto obligadas a comprarlo. Implicaría, además, validar las múltiples formas en las cuales se contaminan las distintas fuentes de agua, con los consabidos daños a los ecosistemas. Todo esto, ante un Estado y su institucionalidad gubernamental centralizada o descentralizada en los Gobiernos municipales, ha privilegiado el interés del capital (eufemísticamente llamado empresarial) antes que garantizar el derecho humano al agua y su saneamiento, con su provisión sana, suficiente y permanente a todos los ciudadanos guatemaltecos.

Si se aprueba una ley a favor de los intereses empresariales y contra nuestro derecho humano al agua, se estaría violando la misma Constitución Política, que en sus artículos 127 y 128 establece que las aguas son bienes de dominio público (común), inalienables e imprescriptibles.

En este sentido, nuestras acciones deben dirigirse, en primer lugar, a lograr que las comunidades, los pueblos, las organizaciones, las instituciones y la ciudadanía en general asumamos el agua como un derecho humano inalienable, que no debe considerarse como mercancía bajo ninguna circunstancia o justificación. Por lo tanto, la aprobación de cualquier normativa y el control de la política pública en la materia no pueden supeditarse o quedar en manos de intereses privados, pues estos son antagónicos al interés común.

En esta misma dirección, también es necesario considerar, entre otros asuntos, que el agua es vital para la reproducción de los ciclos biológicos y las relaciones sistémicas entre especies animales y vegetales, soporte de la vida en general y de la vida del ser humano en particular.

Esta dirección de nuestras acciones inmediatas es fundamental y una garantía de que, de aprobarse una ley al respecto, se privilegien el derecho humano y el de la madre tierra al agua, al tiempo que se establezcan políticas para su descontaminación y se penalice su contaminación, su uso indebido y su robo a través de los diversos mecanismos y recursos por medio de los cuales esto ha venido ocurriendo. Y para finalizar, dichas acciones deben impedir cualquier forma de privatización y mercantilización del agua, aun cuando algunas de sus fuentes se encuentren en tierras privadas.

El dilema está claro: se instituye el agua como un derecho humano o como una mercancía.

Se trata, pues, de combatir la privatización, el robo y la contaminación del agua, especialmente la política pública ambiental, en tanto tolera, facilita y protege tales prácticas e intereses del capital. Se requiere, al mismo tiempo, combatir las posiciones medias tintas en la materia, y aún más la intención de aprobar una ley de aguas que permita la privatización y el uso mercantil del vital líquido. En síntesis, hay que evitar que se siga enajenando nuestro derecho humano al agua.

13 de julio de 2016

LA RESISTENCIA PACÍFICA DE LA PUYA GANA UNA BATALLA

Por Mario Sosa

Comunidades organizadas en resistencia pacífica en Guatemala han logrado ganar una batalla de primer orden en defensa de la madre tierra, el territorio, el agua y la vida.
La Corte de Constitucionalidad (CC) no tuvo más alternativa que rechazar la apelación de la empresa Exploraciones Mineras, S. A., y del Ministerio de Energía y Minas (MEM), que pretendían revertir la suspensión de operaciones del proyecto minero Progreso VII Derivada, contra el cual dichas comunidades han mantenido cuatro años de resistencia. Este proyecto minero perteneció inicialmente a Radius Gold Inc.; y desde finales de 2012, a Kappes, Cassiday & Associates, a la cual pertenece Exploraciones Mineras, S. A., ambas de un capital cuyo origen se sitúa en Canadá.

La Puya es el nombre con el que se conoce la resistencia que empieza en 2012 contra el proyecto minero. Su acción principal ha consistido en la instalación de un bloqueo permanente a la entrada de la mina para evitar su funcionamiento. Después del desalojo violento por parte de fuerzas policiales el 23 de mayo de 2014 han mantenido un plantón a la orilla de la carretera, a 20 metros de la entrada a la mina, y lo extendieron a las puertas del MEM como una forma de ampliar la resistencia al proyecto minero y de denunciar la política de Estado dirigida a garantizar el interés privado del capital trasnacional y de sus aliados locales, pertenecientes a grupos oligárquico-empresariales.

La decisión de esta resistencia, argumentada por mujeres y hombres que la integran, se explica en la falta de consulta sobre un proyecto extractivo respecto al cual las comunidades han estado en desacuerdo. El rechazo también es debido a múltiples afectaciones y hechos que han consolidado y legitimado esta posición. Entre estas afectaciones se encuentran la contaminación de las fuentes de agua, agresiones de empleados de la empresa y la división de las comunidades provocada por financiamientos clientelares de la minera. Asimismo, se cuentan hechos como el atentado armado contra una de las dirigentes de la resistencia, Yolanda Oquelí. También las amenazas, las intimidaciones y la estrategia de criminalización y procesamiento judicial de varios comunitarios, en las que actúan conjuntamente empresa y funcionarios públicos. A esto se suma el apoyo que el Estado ha facilitado a la empresa, expresado en la aprobación de un estudio de impacto ambiental cuestionable que da paso a la licencia de explotación minera, a la protección policial de la empresa (y no a la ciudadanía en resistencia), al despliegue policial masivo y el desalojo violento contra la resistencia pacífica en mayo de 2014, a la gestión oficiosa del MEM y a sucesivos gobiernos nacionales a favor de estos intereses privados.

Durante el segundo semestre de 2014, la empresa reinicia operaciones. Sin embargo, un recurso de constitucionalidad en representación de las comunidades en resistencia pacífica logra que se suspenda temporalmente el proyecto minero. A pesar de ello, la empresa continuó las operaciones y el saqueo ilegal de metales preciosos. Así se constató el 9 de mayo de este año con la captura de empleados de la empresa minera que transportaban ilegalmente casi dos millones de dólares en oro y plata. Respecto a estos hechos, queda pendiente determinar si el Estado, a través del Ministerio Público, procederá a investigar y acusar a los implicados materiales e intelectuales no solo por la continuidad de la actividad minera, sino también por la extracción ilegal de estos metales.

Este conjunto de hechos que caracterizan la imposición del proyecto Progreso VII Derivada desnuda un modelo de acumulación de capital orientado al saqueo de los recursos nacionales, así como la política de un Estado facilitador de intereses privados antes que garante del interés común. A estas alturas del proceso nacional es evidente que el extractivismo no es la alternativa deseada, aceptada y coherente con el desarrollo, como demuestra este caso.

La CC ha resuelto rechazar el recurso jurídico que perseguía el reinicio de la actividad minera y mantiene la suspensión temporal de operaciones establecida por la Corte Suprema de Justicia el 22 de febrero de 2016. También mandata al MEM realizar una consulta a las comunidades de ambos municipios en cuestión para establecer su acuerdo o desacuerdo con dicho proyecto minero.

Queda pendiente, entonces, la resolución en definitiva del amparo a favor de las comunidades en resistencia. En lo inmediato, asimismo, está por verse cómo y cuándo será implementada la consulta del MEM a las comunidades. Este mecanismo deberá garantizar su carácter democrático, transparente y garante de la decisión mayoritaria de la ciudadanía en ese territorio.

Celebramos estos logros de la resistencia pacífica de La Puya. Constituyen un triunfo popular en la defensa del territorio y en la búsqueda por garantizar los derechos a la vida y al agua y los derechos de la madre tierra.

https://www.plazapublica.com.gt/content/la-resistencia-pacifica-de-la-puya-gana-una-batalla

4 de julio de 2016

LA PLAZA EN DISPUTA

Por Mario Sosa

La plaza (Plaza de la Constitución) es el nombre con el cual se conoce el lugar de confluencia de las movilizaciones ciudadanas iniciadas en 2015, gestadas para exigir la renuncia del presidente Otto Pérez Molina, de la vicepresidenta Roxana Baldetti y de los funcionarios públicos, los militares, los empresarios, los políticos, etcétera, que integraban redes de crimen organizado dedicadas al saqueo del Estado guatemalteco, así como el juicio contra todos ellos.
La plaza fue un lugar privilegiado de expresión de la indignación ciudadana. Allí confluyó en movimiento lo que somos como sociedad, con buena parte de su complejidad y de sus contradicciones. En ese espacio se expresaron voces e intereses procedentes de toda la estructura de clases sociales; de las variadas procedencias étnicas, nacionales y religiosas; de todas las ideologías políticas; y de las heterogéneas formas de organización y acción colectiva. Predominó, no obstante, la presencia de extracciones urbanas, mestizas y adheridas al pensamiento y a la acción hegemónicos.

Este espacio sigue en disputa porque contribuyó al desarrollo de las estrategias de los factores dominantes de poder y puede seguir siendo utilizado para tales propósitos.   Asimismo, porque ha sido soporte político de los procesos de investigación, persecución y enjuiciamiento de redes de corrupción. Dos razones que, en la dinámica relacionada con la plaza, no son contradictorias y se resuelven cuando determinados actores promueven, frenan o combaten la movilización en dicho lugar.

Lo que resulta un hecho es que la plaza es un espacio sobre el cual se pretende tener el control y la capacidad para orientarlo en función de intereses políticos e ideológicos diversos y contradictorios.

Veamos algunas de las principales posiciones que se disputan este espacio.

Por un lado, a través del partido político Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), cámaras empresariales, grupos corporativos, medios de difusión masiva (especialmente televisivos), oenegés y fundaciones que operan como aparatos paraempresariales y la clase dominante (con intereses comunes y al mismo tiempo contradictorios) pretendieron que las movilizaciones no se desarrollaran por el riesgo de que devinieran en lo que ellos llaman ingobernabilidad. Al no lograrlo, eventualmente se sumaron a la movilización con una agenda conservadora para que las luchas y las banderas históricas de los explotados y oprimidos no fueran levantadas e incorporadas a este espacio. Como parte de su estrategia política, sectores de esta clase dominante, en alianza con otras fuerzas, principalmente de cuño contrainsurgente, insertaron la consigna «no te toca», especialmente orientada en contra del partido Líder —organización también corrupta y estrechamente vinculada al Partido Patriota, que estaba en el Gobierno—, mientras hicieron avanzar la opción del partido FCN-Nación y de su candidato Jimmy Morales, que finalmente ganó las elecciones. Todo esto, para garantizarse un margen de control en la administración gubernamental (2012-2016) que garantizara la continuidad del modelo de acumulación de capital y del Estado como garante de sus privilegios.

Por otro lado, la Embajada de Estados Unidos apuntaló la bandera de la anticorrupción, que, en tanto mecanismo de intervención (como ha sucedido con el narcotráfico y el terrorismo), hace parte de su estrategia para promover cambios en la gestión gubernamental, legislativa y judicial del Estado guatemalteco. Esto, para viabilizar y facilitar la implementación del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica. Este plan es de interés geoestratégico para Estados Unidos y constituye un dispositivo de poder para dar continuidad a su política de conducción del Estado guatemalteco en función de los intereses de aquella nación y garantizar el control de la región. Es bien sabido que dicho plan tiene importancia relevante en materia de narcotráfico, migración, gobernabilidad y contención de movimientos progresistas influidos por o confluyentes con los procesos devenidos en el sur de nuestra América. La Embajada de Estados Unidos apuntala la bandera de la anticorrupción, principalmente desde el engranaje institucional, que se concreta en el Ministerio Público y en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Cuenta a su favor, además, con una hegemonía que se expresa dentro o fuera de la plaza, en la cual su papel de imperio resulta cuestionado apenas levemente.

En este contexto, diversos colectivos y organizaciones accionan en la plaza, desde aquellos que apuestan por reformas institucionales menores y conservadoras hasta aquellos que propugnan cambios transformadores del Estado. Vale decir que, en este contexto, estos últimos no logran convertir la plaza en espacio orientado a la transformación social, lo cual se debe —en parte— al hecho de que llegan a este lugar con una correlación de fuerzas adversa y sin la capacidad de orientarlo en una dirección distinta a la que sigue teniendo: con predominio de la agenda anticorrupción y contra la impunidad de las redes mafiosas que saquean el Estado.

Siendo la plaza un espacio en disputa, un paso importante que deben dar las organizaciones y los ciudadanos que pretenden la transformación del Estado es un análisis que considere las fuerzas políticas, los intereses y las estrategias que confluyen contradictoriamente en dicho lugar. Solo así se logrará dar respuesta a a muchas preguntas. ¿Hasta dónde quienes reivindican la plaza están fetichizando el lugar? ¿Es la plaza el lugar donde se define la correlación de fuerzas de poder? ¿Es la plaza otro distractor? ¿Es en la plaza donde se decide el curso de los procesos político, judicial y mediático? ¿Quiénes son los que determinan, condicionan o mueven los hilos que orientan la movilización en la plaza? ¿Cómo gestionan la plaza los grupos corporativos, el Cacif y la Embajada de Estados Unidos? ¿Qué lugar tiene la plaza en la búsqueda de la transformación del Estado? ¿Acaso no hace falta definir primero un proyecto político alternativo, el sujeto político que lo sustente, el instrumento y la estrategia acertada para lograr transformaciones profundas? ¿Qué importancia tiene la plaza en el marco de un proyecto y una estrategia política transformadora? Y por último preguntas como para qué, quiénes, cómo y cuándo disputarse la plaza como lugar para la lucha política.

https://www.plazapublica.com.gt/content/la-plaza-en-disputa

EL ESTADO Y LA CORRUPCIÓN

Por Mario Sosa
Disto mucho de la tesis de la cooptación del Estado. Desde mi perspectiva, la corrupción o la cooptación ha sido característica consustancial del Estado.
El Estado guatemalteco contiene la corrupción como un mecanismo y una norma tácita en la gestión de la política pública. La corrupción ha sido uno de los contenidos de las relaciones económicas y políticas que se articulan en las instituciones y las políticas de Estado. Un mecanismo exacerbado a tal punto que un grupo criminal tuvo la capacidad de organizarse como partido político, ganar las elecciones y llevar a cabo uno de los despojos del erario público más grandes registrados en la historia del país. Pero el asunto va más allá de la banda criminal del Partido Patriota que gobernó entre 2012 y 2016, ese que por cierto fue la opción electoral de varios de los grupos corporativos en las elecciones de 2011.

Siendo el Estado un objeto en disputa, es necesario preguntarse quiénes han tenido los recursos, las capacidades y los conocimientos que activan —como ejercicio de poder— para garantizar su control y dirigirlo, estén o no en los principales cargos formales de gobierno. ¿Quiénes controlan el Estado? ¿Quiénes se han beneficiado de este Estado? Veamos algunas evidencias.

Por un lado, a los trabajadores se les ha impuesto un salario mínimo que para el 2016 asciende a Q2 497, absolutamente insuficiente para cubrir la canasta básica alimentaria. El salario es uno de los factores fundamentales que da como resultado la desnutrición crónica de cerca del 50 % de los niños y las niñas menores de cinco años, la pobreza general del 59 % de la población guatemalteca y la pobreza multidimensional del 70.3 % de esta. Son los bajos salarios los que el gran empresariado utiliza para competir en el mercado, lo cual no es otra cosa que lograr los mayores márgenes de ganancia a costa de esa miseria de las grandes mayorías. ¿Quién se beneficia con la política salarial del Estado? La respuesta es obvia.

Por otro lado, en una situación opuesta, 260 guatemaltecos acumulan más de 30 000 millones de dólares, lo cual equivale al 56 % de la economía anual del país. Para abonar el análisis, a marzo de 2016 se reportan utilidades por 1 027 millones de quetzales en el sistema bancario. Si se analizan los sectores agroindustrial e industrial, así como la construcción, el comercio, la telefonía y las comunicaciones, la minería y la producción hidroeléctrica, comprobaremos que las ganancias son exorbitantes y que estas se quedan en pocas manos, principalmente en esos 260 guatemaltecos, sus grupos corporativos y sus familias. ¿A quiénes ha servido el Estado? Los datos nos permiten responder.

¿Quiénes se han beneficiado de la corrupción en el Estado? ¿Quiénes han hecho uso de los funcionarios corruptos? ¿Quiénes ubican a los corruptos en esos puestos? ¿Quiénes financian las campañas de los corruptos?

En los casos de corrupción conocidos han participado grandes y medianos capitales o empresas. Así lo demuestra la evasión de impuestos por Aceros de Guatemala (Hierro AG), la concesión fraudulenta a la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), los contratos fraudulentos en la compra de medicamentos en el Ministerio de Salud y en el IGSS, la financiación de la política para la obtención de contratos por el grupo Albavisión y sus canales 3 y 7 o las implicaciones de los bancos G&T Continental y Banrural en el otorgamiento de financiamiento y préstamo a redes corruptas.

Estos casos evidencian que no solamente los corruptos han ido a ofrecer sus servicios a los empresarios. Han sido los empresarios los que han negociado, pactado, financiado y pagado comisiones a los corruptos. Son las empresas las que han creado, controlado y negociado los mecanismos de corrupción con el objeto de obtener ventajas financieras de estas transas.

Con los casos de corrupción revelados se ha evidenciado un mecanismo histórico utilizado por los poderosos de este país, quienes desde sus empresas, grupos corporativos y gremios han controlado el Estado, han decidido leyes y políticas y se han garantizado privilegios y altas tasas de ganancia, con lo cual han profundizado la miseria en el país.

Por eso la corrupción como mecanismo para la acumulación de capital en el país no desaparecerá a menos que, producto de una correlación de fuerzas diferente, dichos grupos sean desplazados del control del Estado y se avance en la creación de otro Estado. Esta es la alternativa histórica por la cual es necesario transitar para que el Estado se oriente a garantizar el bien común antes que el interés de empresas o capitales locales y transnacionales.

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REFUNDACIÓN DEL ESTADO: ENTRE DOS CAMPOS DE PENSAMIENTO

Por Mario Sosa

El término refundación parece haberse popularizado al punto de que izquierdas y derechas, organizaciones sociales y políticas, instituciones académicas, oenegés y medios de comunicación han empezado a utilizarlo para nombrar la pretensión de cambios en el Estado.
Con mayor o menor elaboración teórica o política, al término se le otorga un significado en el cual se visualizan coincidencias y divergencias fundamentales, las cuales pueden situarse en dos campos generales de pensamiento.

En un primer campo general de pensamiento, al Estado se le atribuye incumplimiento de las funciones que constitucionalmente le corresponden. En este sentido, la solución consiste en hacer una revisión de las leyes y las instituciones con el objeto de que este Estado retome sus funciones en materia de justicia, seguridad, etc. Esto es, para que vuelva a sus principios originales, se adapte al momento actual y dé solución a los problemas que enfrenta, todo esto a criterio de quienes hacen el diagnóstico y formulan una determinada propuesta de refundación.

En este caso, suele pensarse que este Estado, con su fundamento constitucional, jurídico y político, constituye algo que puede perfeccionarse. Esta es la perspectiva de corrientes que pretenden dotar al Estado de las capacidades necesarias para mantener la gobernabilidad (el dominio, en otros términos) y garantizar la inversión (la acumulación de riqueza en pocas manos) y la propiedad privada (como sustento del régimen económico), por ejemplo.

En torno a esta mirada, con sus diferencias de matiz, encontramos posiciones sistémicas propias de grupos de la burguesía o de la burguesía emergente, de estructuras políticas que son vehículo de intereses espurios y corruptos y de personas o instituciones bien intencionadas pero afincadas en un paradigma limitado en materia de pensamiento teórico, político e ideológico. Este campo de pensamiento tiende, en general, a la reproducción del Estado como un campo e instrumento para reproducir el establishment fundado en el capitalismo como régimen económico y social y en un sistema político y una hegemonía que garanticen su sostenimiento.

En un segundo campo general de pensamiento, el Estado es pensado como un aparato que, fundado en intereses oligárquicos, tutelado por el Ejército y la embajada estadounidense y con fuerte contenido contrainsurgente, sirve fundamentalmente para garantizar la acumulación de capital en todas sus formas, reproducir la dominación de las grandes mayorías y multiplicar explotación, expolio, pobreza, racismo, exclusión, marginación y relaciones patriarcales. Es decir, el Estado es visto como un ente que tiene dificultades para sostener el consenso, el dominio, la explotación y el expolio más allá de que no cumple con sus principios constitucionales.

Más que reformas, desde esta perspectiva se plantea la necesidad de construir otro Estado, con nuevas definiciones y nuevos principios (algunos coincidentes con el actual, por ejemplo en lo referente a los derechos humanos), con nueva institucionalidad y con políticas radicalmente distintas a las que actualmente predominan. Esto significaría una nueva correlación de fuerzas expresada en el Estado, con otros sujetos definiendo y decidiendo las políticas públicas. Si desde esta matriz de pensamiento se plantean reformas como un paso para avanzar en la construcción de dicho Estado, esta no es condición sin la cual se pueda transitar por ese proceso creador.

En este campo de pensamiento confluyen, con sus diferencias y contradicciones, distintos sujetos, organizaciones y movimientos que pretenden construir, con mayor o menor precisión y definición, un Estado plurinacional para erradicar la opresión y el racismo, poscapitalista para erradicar la explotación y el expolio y que garantice condiciones para erradicar el machismo y el sistema patriarcal.

En ambos campos de pensamiento, los términos refundación del Estado son polisémicos e incluso antagónicos. Son conceptos en disputa. De ahí, desde quienes pretenden construir otro Estado, surge la necesidad de preguntarse: ¿deben orientarse esfuerzos en esa disputa conceptual? ¿No sería mejor definir un término que no sea objeto de cooptación y que refleje con claridad el proyecto de un Estado nuevo?

Desde mi perspectiva, no se trata de rehuir la lucha ideológica, la cual tiene que darse, pero a partir de términos que no dejen ninguna duda sobre el contenido de la búsqueda política. Además, no debe olvidarse que los elementos decisivos no son precisamente los términos, sino los sujetos de la transformación social, su claridad teórica e ideológica, su proyecto, su estrategia y la construcción de la correlación de fuerzas necesaria para lograr sus fines.

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1 de junio de 2016

REFORMA CONSTITUCIONAL: UNA PUESTA EN ESCENA CONSERVADORA

Por Mario Sosa

Desde la perspectiva institucionalista, con raíces ideológicas conservadoras y estrechez teórica y epistemológica, el problema del Estado se sitúa en asuntos relacionados con el deterioro, debilidad, deficiencia e ineficacia de la institucionalidad pública. Dicha institucionalidad es interpretada como pilar del ilusorio consenso social y de un régimen político supuestamente democrático. 

Desde este enfoque, el problema del sistema de partidos políticos se ubica en las deficiencias de institucionalización que estos presentan, por lo que se requiere promover cambios legales y esfuerzos que permitan su capacitación, transparencia y democratización. A partir de ahí, se afirma, será posible que los partidos cumplan con sus funciones de intermediación, representación y agregación de intereses, y con su tarea de ser vehículos idóneos para la competencia electoral.

Es desde esta perspectiva que los organismos ejecutivo, legislativo y judicial,  hicieron pública la propuesta de reformas constitucionales relacionadas con el sistema de justicia y lanzaron la convocatoria al “Diálogo Nacional: Hacia la Reforma de la Justicia”. Lo efectuaron conjuntamente con el Ministerio Público, el Procurador de Derechos Humanos, y con el apoyo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala -CICIG-, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos -OACNUDH-, y de la Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en Guatemala.

Proponen cambios constitucionales para la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y la Corte de Constitucionalidad. En específico pretenden fortalecer la independencia judicial y dotar al sistema de nuevas normas, capacidades, roles, procedimientos y mecanismos que permitan transparentar y hacer eficiente la función de las distintas entidades de justicia. En esa dirección proponen instituir la carrera judicial y el servicio civil, supresión del antejuicio para algunos funcionarios públicos, reconocimiento de funciones jurisdiccionales a las autoridades indígenas, entre otras propuestas.

Aun cuando algunas de estas reformas pudieran ser benéficas para el sistema de justicia, lo cierto es que no han sido del consenso ni siquiera de los proponentes, siendo las desavenencias entre organismos del Estado en materia de antejuicio para alcaldes y de reconocimiento de funciones jurisdiccionales para los pueblos indígenas. Se propone una reforma limitada y, por consiguiente, su impacto en el sistema de justicia estará condicionado o determinado por la carencia de reformas de fondo en los demás ámbitos del Estado. Como ejemplo, sólo la baja carga impositiva resulta un problema para garantizar eficiencia y eficacia en el sistema de justicia.

Como parte del llamado “diálogo nacional”, sobresale el espacio de las mesas de trabajo que se realizan a partir de mecanismos y preguntas delimitadas por quienes convocan. Tales mesas de trabajo hacen parte de un proceso en el cual, los distintos actores interesados en intervenir, han sido excluidos de participar en la formulación de la propuesta inicial y en el diseño del proceso. Lo previsto es que las opiniones de quienes participan en tales mesas, serán incluidas, mediadas o despreciadas por la visión y el interés de los organismos convocantes y los funcionarios que persiguen apoyo para la propuesta y quienes finalmente decidirán al respecto.

En el caso de algunas propuestas, como el reconocimiento limitado al sistema jurídico de los pueblos indígenas, es previsible que esta sea objeto de reformulación para acotar los cambios propuestos o sea excluida finalmente, siendo el veto al respecto expresado por la oligarquía y por quienes operan el paradigma jurídico imperante en el Estado.

Desde un inicio, además, se excluyó cualquier posibilidad para propuestas y demandas  relacionadas con reformas constitucionales integrales o con un nuevo proceso constituyente del cual surja una nueva constitución política, que implique la concreción de un nuevo pacto social que nos enrumbe al futuro sin el tutelaje imperial y sin el yugo oligárquico y racista.

Estamos entonces, ante la puesta en escena de un diálogo aparente, con una metodología que limita la participación protagónica de los distintos sujetos que integran la sociedad guatemalteca, esos sujetos que estarían llamados a pensar y acordar tales cambios y que, de hecho, persiguen cambios integrales y transformadores, que trascienden el marco desde el cual están siendo planteadas las reformas en materia de justicia.


En todo caso, este es el primer momento del proceso de esta tentativa de reforma constitucional. El siguiente paso será la aprobación de tales reformas por el Congreso de la República y, posteriormente, la consulta popular. Ya veremos qué sucede cuando tales reformas lleguen a manos del actual organismo legislativo y cuando se despliegue con toda su capacidad la estrategia de condicionamiento y vetos de la oligarquía local.

https://www.plazapublica.com.gt/content/reforma-constitucional-una-puesta-en-escena-conservadora

http://connuestraamerica.blogspot.com/2016/05/reforma-constitucional-en-guatemala-una.html

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=212749

http://www.alainet.org/es/articulo/177708

19 de mayo de 2016

REFORMA, REFUNDACIÓN Y CREACIÓN DE UN NUEVO ESTADO EN GUATEMALA

Por Mario Sosa

En varias ocasiones he afirmado que este Estado no nos sirve y nunca nos ha servido a las inmensas mayorías empobrecidas, explotadas y oprimidas de este país.

Los profundos y extensos problemas nacionales, los indicadores sociales y las demandas y reivindicaciones de diversos sujetos sociales así lo confirman. El Estado ha sido útil, no obstante, para una oligarquía que, mediante su control y dirección estratégica, ha garantizado un modelo de acumulación de capital, un régimen político y una hegemonía que garantizan su reproducción como clase dominante.

Siendo el Estado la concreción de una correlación de fuerzas históricas, se constata que la gran ganadora ha sido la oligarquía. Esa oligarquía que hoy se configura principalmente a partir de grupos corporativos en proceso de expansión local y transnacional, controlados por familias autoidentificadas como criollas y blancas, cuyo paradigma de sociedad está afincado en su origen español, en su supuesta superioridad racial y en el Occidente consumista y degradado de Miami o del cliché de la cultura europea. Esa oligarquía que tiene en el Cacif a su principal partido político (en sentido gramsciano), a la mayoría de instituciones políticas (partidos políticos en sentido liberal-institucionalista) como operadores en los organismos Legislativo y Ejecutivo, oficinas de abogados corporativos como principales operadores en el Organismo Judicial y medios de difusión masiva como principales instrumentos para la construcción de hegemonía. Circula en su entorno otro conjunto de actores que intentan antagonizar y negociar cuotas de acumulación tanto en el ámbito de la economía como en el Estado.

Estamos ante un Estado construido como un aparato de clase para garantizar los intereses de esa oligarquía que, en tanto núcleo dirigente principal de la burguesía local, ha sabido sortear las crisis en las cuales su poder ha sido impugnado y ha sorteado hábilmente las estrategias reformistas o revolucionarias. Es este Estado el que está en cuestionamiento y en disputa.

Por un lado, quienes controlan el régimen (entre los que habrá que incluir la Embajada de Estados Unidos) pretenden una reforma limitada al sector justicia tal que permita un respiro al sistema por la vía de cambios acotados predispuestos, de un supuesto diálogo que limite la participación de sujetos sociales y de un procedimiento que deje en manos de un Congreso cuestionable la aprobación final y la convocatoria a consulta popular. Es una reforma que persigue hacer gobernable la implementación de planes económicos y geoestratégicos.

Por otro lado están quienes cuestionan el régimen político y este Estado. En general, unos se orientan por una vía de reforma constitucional integral, que se oriente a disminuir el poder de la oligarquía y democratice la economía y la competencia por el control de los organismos del Estado. Otros, si bien conciben una etapa reformista, persiguen abrir un camino que pase por una asamblea nacional constituyente que permita la redacción de una Constitución Política nueva, que geste un Estado plurinacional, democrático y popular, es decir, una estrategia democrática y de ruptura.


En este marco surge la propuesta de refundación del Estado encabezada por el expresidente Jorge Serrano Elías (1991-1992), quien después de intentar un golpe de Estado salió del país a refugiarse en Panamá. Esta es una propuesta de la cual se han desmarcado sujetos que proponen un nuevo Estado plurinacional, democrático y popular, así como otros actores que pretenden reformas democráticas en el país. El llamado frente político anunciado con ese liderazgo parece haber nacido muerto, sin respaldo real, salvo que sectores de poder dominantes lo promuevan para intentar cooptar las luchas y los sujetos históricos que pretenden, con justificación y legitimidad, la creación de un nuevo Estado.

https://www.plazapublica.com.gt/content/reforma-refundacion-y-creacion-de-un-nuevo-estado-en-guatemala

http://www.alainet.org/es/articulo/177554

CRIMINALIZACIÓN DE LA RESISTENCIA SOCIAL EN GUATEMALA

Por Mario Sosa

En los últimos tres lustros se ha incrementado la resistencia social de comunidades, pueblos, organizaciones y movimientos sociales a los proyectos extractivos mineros, hidroeléctricos, de palma aceitera, caña de azúcar, banano, entre otros, que son expresión de un modelo de acumulación, mal llamado de desarrollo.

Dicha resistencia es objeto de una política de criminalización, en la cual se articulan empresas interesadas en mermar la protesta contra la expansión e intensificación del extractivismo, el Estado que facilita la acumulación de capital y un conjunto de aparatos ideológicos entre los cuales se cuentan medios masivos de difusión, fundaciones, oenegés y operadores políticos, judiciales y periodistas.

Como parte de la mascarada son contratados abogados corporativos que accionan a partir de la fabricación de cargos criminales, tales como: injuria, difamación, hurto, secuestro, intento de asesinato, hasta acusaciones de terrorismo. Esto forma parte de procesos planificados de acusación y persecución judicial, como también de acciones de intimidación y amenaza, represión policial y militar, y no pocos atentados y ejecuciones extrajudiciales[1]. Así se explica la persecución penal en contra de Daniel Pascual[2] y el apresamiento político –camuflado  de judicial–  de dirigentes sociales entre los cuales están: Rigoberto Juárez, Arturo Pablo, Ermitaño López, Rigoberto Patzán, Domingo Baltazar, Mynor López, Adalberto Villatoro, Chico Palas, Alonzo de Jesús Torres, Valerio Carrillo y Jorge Lopez.[3] El asesinato de Walter Méndez, presidente de la Cooperativa La Lucha (Las Cruces, Petén), ocurrido el 16 de marzo del presente año, y el de Diego Esteban, comunicador en la radio Sembrador y parte de la lucha contra proyectos hidroeléctricos (Ixcán, El Quiché), sucedido el primero de mayo, constituyen casos de ejecución extrajudicial con fuertes indicios de ser resultado de esta política represiva. En todos los casos estamos ante la criminalización y represión de defensores del derecho al agua, a la madre tierra, al territorio, a la vida y a la libertad de expresión del pensamiento.

¿Qué evidencia la estrategia de criminalización y represión contra la resistencia social al modelo de acumulación de capital? Evidencia un Estado que penaliza el derecho a defender derechos reconocidos por la Constitución Política y en convenios internacionales ratificados por Guatemala, como el Convenio 169 de la OIT que faculta a los pueblos indígenas para decidir sobre su propio desarrollo y sobre proyectos que pudieran afectarles, como los mineros, hidroeléctricos, etc. Asimismo, la existencia de actores empresariales y estatales que reprimen y criminalizan a luchadores y líderes sociales con el objetivo de garantizar intereses de empresas locales y transnacionales. También un Estado que, por acción y omisión, viola derechos humanos e incumple sus deberes constitucionales para garantizar el bien común.

Ahora que se discuten reformas constitucionales en materia de justicia –fundamentalmente de corte  institucional–, la pregunta que surge es si estas serán suficientes o se necesita un nuevo Estado. A la luz de las injusticias que se plasman en la criminalización de la resistencia social, enraizadas en el modelo de acumulación de capital, creo que se necesita un nuevo Estado que nos garantice un modelo económico que priorice al ser humano y la madre tierra.



[1] Al menos 70 sindicalistas fueron asesinados entre 2004 y 2013, algo que hace suponer una política contra el  sindicalismo y sus luchas. Red de Defensores de Derechos Humanos de Guatemala. Informe anual sobre violencia antisindical en Guatemala2015, (Guatemala: RDDHG, 2016).

[2] Véase Mario Sosa, “Daniel Pascual, perseguido político en Guatemala”, Plaza Pública, 4 de mayo de 2016, acceso el 6 de mayo de 2016,  https://www.plazapublica.com.gt/content/daniel-pascual-perseguido-politico-en-guatemala.

[3] En Huehuetenango se reportan diecinueve defensores del territorio encarcelados injustamente entre el 2 de mayo de 2012 a la fecha.