29 de julio de 2014

Estado de Israel y sus crímenes de guerra

El Estado de Israel, aplica a la perfección la política nazi implementada por Adolf Hitler durante la II Guerra Mundial: exterminio contra el pueblo considerado enemigo.
Hitler decidió y aplicó la política de exterminio contra el pueblo judío y siguiéndolos pasos de su verdugo, el Estado de Israel ha decidido aniquilar al pueblo palestino.

Los bombardeos y asesinatos cometidos por el Estado de Israel en contra del pueblo palestino en esta etapa de invasión a Gaza, son actos
inhumanos, inclementes, racistas y  criminales. Sin duda, son parte de una política decidida, planificada e implementada para apropiarse de todo el territorio perteneciente al pueblo palestino.

Además de exigir el cese de la agresión y la salida del ejército israelí del territorio palestino, se impone la demanda para que los principales dirigentes del Estado de Israel sean juzgados como criminales de guerra, por delito de lesa humanidad.

Solidaridad para el pueblo palestino que resiste legítimamente.

Solidaridad para la resistencia popular que desde el seno del pueblo judío se opone a estos actos de barbarie y se hermanan con el pueblo palestino.

13 de marzo de 2014

FMLN: TRIUNFO LEGAL Y LEGÍTIMO

Por Mario Sosa

Es indudable que el triunfo del FMLN y su candidato, Salvador Sánchez Cerén, fue absolutamente legal y legítima. Triunfa con el 50.11% de los votos, con una ventaja de 6 mil 364 votos arriba de ARENA, el partido de derecha.

Así lo constatan misiones nacionales e internacionales de observación electoral, quienes han catalogado el sistema electoral como transparente, confiable y seguro, y las elecciones como un proceso limpio. Así los constatan el Tribunal Supremo Electoral, la Fiscalía General de la República, e instituciones académicas como la Universidad Centro Americana "José Simeón Cañas" (la UCA de El Salvador). Así se constata, igualmente, en la legislación salvadoreña 

Es indudable, asimismo, la legitimidad del triunfo del FMLN, porque fue conforme a ley, por un lado, y conforme a justicia. La mayoría votó por el FMLN y punto.

El hecho que la derecha de ARENA grite y patalee, y que haya obtenido el 49.89% de la votación, no es factor para considerar que el triunfo del FMLN es ilegítimo, como algunos pretenderían.

Ilegítima es la pretensión de la derecha de ARENA, de imponerse por sobre el voto mayoritario, que dio el triunfo al FMLN. Ilegítima es la pretensión de ARENA cuando plantea procedimientos contrarios a la legislación salvadoreña, aprobada por ellos, por cierto. Ilegítima es la acusación de fraude planteada por ARENA, cuando en cada mesa y en cada junta electoral estuvo presente con sus fiscales y observadores. Ilegítima es la acusación de fraude que realiza ARENA al ver que el resultado no le favoreció. Ilegítima es la acción de arena que ha iniciado un intento de desestabilización aprovechando el margen de diferencia alcanzado en el recuento de votos. Ilegitima es la acción de ARENA pretendiendo crea un clima de violencia en el hermano país. Ilegítima es la acción de ARENA pretendiendo usurpar la voluntad popular.


El FMLN y sus candidatos han ganado legal y legítimamente la elección. Esto les permitirá avanzar, por ejemplo, en la reducción de la pobreza, que en los cuatro años anteriores han logrado disminuirla en 11.3%, haciéndola pasar del 49% al 35.9%.

La insurrección de 1992 en Venezuela: una mirada desde Guatemala[1]

Por Mario Sosa

Sin duda alguna, el alzamiento militar encabezado por el Teniente Coronel Hugo Chávez Frías, un 4 de febrero de 1992, constituye un hecho trascendente. Trascendente porque quiebra el proceso venezolano y lo enrumba en una dirección radicalmente distinta a aquella por la cual venía transcurriendo desde la firma del Pacto del Punto Fijo (1958). Ese pacto, consistente en el acuerdo de los partidos políticos del régimen: Acción Democrática (AD, socialdemócrata), Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI, democrata-cristiano) y Unidad Republicana Democrática (URD, centro izquierda), cerró el proceso político al imponer un marco constitucional y de derecho bajo su control, a partir del cual co-gobernarían con base en un “programa de gobierno mínimo común” que no era otra cosa que la aplicación de las políticas gestadas desde la oligarquía local, la embajada estadounidense y los organismos financieros internacionales, y que se tradujo en la aplicación del saqueo y el expolio emanados de las políticas de ajuste estructural y neoliberales.

El hechos del 4 de febrero de 1992 fue la culminación de una etapa que venían gestando militares nacionalistas y revolucionarios, quienes desde el interior de las fuerzas armadas fueron articulando un movimiento político, en alianza con algunas organizaciones de carácter cívico. Este fue el punto de partida de un proceso que, con el liderazgo de Hugo Chávez Frías y la organización de una nueva fuerza política, el Movimiento Quinta República (MVR), pasa a una etapa sustancialmente superior con el triunfo electoral de 1998, cuyo acceso al control del gobierno abrió la posibilidad de iniciar la transformación del Estado y la sociedad venezolana.
Pero cuál era el contexto de ese hecho. Al respecto apuntaré algunos aspectos que me parecen relevantes.

La insurrección del 4 de febrero ocurre pocos años después de la caída del simbólico Muro de Berlín y el resquebrajamiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), con lo cual el Socialismo como proyecto histórico y como corriente política habría de experimentar uno de sus principales reveces. De hecho, se iniciaba un proceso de retraimiento y abandono ideológico, político y militar por organizaciones y partidos que pretendieron impulsarlo por distintas vías. En esas circunstancias, que fueron particularmente vividas en América Latina y en Guatemala, no esperábamos un movimiento político que, como sucedió poco tiempo después, se declaraba socialista.

Ese hecho ocurre, asimismo, en un momento histórico de América Latina, en el cual era hegemónico el neoliberalismo y los planes imperiales de Estados Unidos avanzaban a paso firme, con la complicidad sumisa de las oligarquías locales. Esto no obstante las resistencias sociales y políticas, como la representada en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que se revela por la vía armada en 1994, justo al momento de entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio firmado entre Estados Unidos (EEUU), Canadá y México, una modalidad de tratados que contienen políticas orientadas a imponer encadenamientos productivos, comerciales y legales para nuestros pueblos y Estados latinoamericanos. No obstante la pervivencia de la experiencia socialista cubana.

En particular, en Guatemala se sucedían dinámicas importantes. Una de ellas, la más relevante, era la conversión de un movimiento revolucionario en armas que, enrumbado en la búsqueda de la firma de acuerdos de paz como salida a la derrota militar, se convertiría en partido político institucional e institucionalista, interesado en la Agenda de los Acuerdos de Paz antes que en continuar la lucha revolucionaria por otras vías. En tanto esto sucedía, la fragmentación de los movimientos sociales se acentuaba y se profundizaba el distanciamiento entre las expresiones políticas y sociales que, en buena medida, antes formaban parte de una búsqueda y conducción política común. Estos y otros factores, hacían muy difícil la gestación de una nueva etapa de lucha revolucionaria o el enfrentamiento exitoso de las políticas neoliberales que se profundizaron justo después de la firma de la paz en 1996.

Vale decir que en Guatemala, las fuerzas democráticas y de izquierda en general –en la inmediatez– vimos la insurrección cívico militar de 1992 en Venezuela como un nuevo alzamiento militar, otro Golpe de Estado que se sucedía en América Latina, otro régimen militar que intentaba sustituir a un gobierno que resultaba insostenible para dar continuidad y hacer “gobernable” un país objeto de la aplicación de las políticas neoliberales. Es indudable que nuestro desconocimiento del carácter de dicha insurrección nos hacía perder de vista sus motivaciones reales, las cuales logramos constatar posteriormente. En específico, su motivación para: A) Quebrar el Pacto del Punto Fijo; B) Enfrentar las políticas de ajuste estructural y neoliberales que habían empobrecido aun más al pueblo venezolano y cuya consecuencia tuvo como momento cúspide tanto la rebelión popular como la represión de Estado, momento conocido como el Caracazo (febrero de 1989); C) El derrocamiento de la corrupción y las políticas antipopulares que desde sucesivos gobiernos, habían impulsado en función de los intereses oligárquicos locales y sumisos a los designios de EEUU y los organismos financieros internacionales; D) Erradicar el carácter servil y corrupto que igualmente dominaba al interior de las fuerzas armadas venezolanas; E) Recuperar los objetivos del pensamiento y la praxis bolivariana, que se veían como metas inconclusas en los albores del siglo XX, es decir, lograr la verdadera independencia de América Latina y construir la Patria Grande que guió la lucha de libertador Simón Bolívar.

Y cuáles fueron las implicaciones de esa insurrección histórica, encabezada por el Comandante Hugo Chavez Frías.

Como ya se afirmó, dicha insurrección fue el inicio de un punto de inflexión, que en Venezuela caminó por la conversión del líder de la insurrección en líder de la oposición popular, democrática y revolucionaria. Fue el inicio de un proceso de maduraciones que convierten al movimiento de la insurrección en un movimiento anti oligárquico, y sucesivamente en un movimiento anti imperialista y socialista. Fue el inicio de un conjunto de victorias y transformaciones políticas (como la Nueva Constitución Bolivariana, la gestación de una república soberana, digna y solidaria, la transformación del ejército), ideológicas (la recreación del ideal socialista enriquecido con el ideario bolivariano), sociales (la gestación de un amplio y heterogéneo movimiento político, asentado en la base de la sociedad venezolana) y económicas (desde nacionalizaciones hasta la recuperación de la soberanía económica) en la ahora República Bolivariana de Venezuela.

No obstante su carácter de insurrección militar y su fracaso inmediato en 1992, el hecho abrió la posibilidad histórica para la gestación de una vía política para la toma del poder, una vía distinta a la implementada por los movimientos revolucionarios de América Latina durante la segunda mitad del siglo XX[2]. Esta vía fue la electoral, como elección, como referéndum continuo, donde el protagonista colectivo, el pueblo venezolano, le fue dando al nuevo proyecto y su conducción política la legitimidad y la fuerza para sostenerse y avanzar en los cambios que se fueron concretando. Fue, además, la vía democrática para enfrentar a la oligarquía y sus distintas intentonas golpistas, como el Golpe de Estado del 2002, el sabotaje a PDVSA que se extendió hasta el 2003, y el actual intento por derrocar al gobierno legítimo de Nicolás Maduro.

Las implicaciones de la insurrección y lo que desata como proceso, tuvo además implicaciones históricas para el Estado venezolano. Con una Constitución Bolivariana profundamente democrática, se gesta un Estado soberano, que recupera el sentido de lo público, del bien común, que sustrae al Estado del control las organizaciones financieras internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, de la oligarquía local y sus oficinas corporativas, y del control que ejercía EEUU sobre la política del Estado venezolano en general, tal el caso de la política petrolera.

Lo anterior fue esencial para que Venezuela empezara un camino de recuperación de sus bienes naturales y de desarrollo de sus fuerzas productivas, a través de políticas de nacionalización, transformación agraria, industrialización. Y, con ello, a salir de los flagelos de la pobreza y desigualdad. En este sentido es necesario recordar que en el primer semestre de 1997, durante el gobierno neoliberal de Rafael Caldera (último gobierno representativo del Pacto de Punto Fijo), la pobreza era de 55,6% y la pobreza extrema de 25,5%. El nuevo régimen bolivariano hizo descender esos indicadores al punto de bajar la pobreza al 26,5% y la extrema pobreza al 7% para el año 2011. Más allá, un año después, la pobreza se había reducido al 23,9%. Asimismo, hoy se sitúa como el país menos desigual de América Latina, con un coeficiente de Gini que se ubica en 0,39, diez dígitos menos que en 1997.

La insurrección de febrero de 1992, además, fue el inicio de un punto de inflexión en América Latina, siendo que dicho proceso confluye con otros que venían gestándose con sus propias dinámicas y liderazgos, como en Bolivia y Ecuador. Sin duda, aporta elementos de primer orden, como la recuperación recreada del pensamiento revolucionario bolivariano, sabiendo interpretar las tareas pendientes y gestando aplicaciones coherentes al momento, al contexto, al proceso que habría de enfrentar. El pensamiento bolivariano y socialista venezolano, así recreado, vino a enriquecer la matriz identitaria e ideológica de los movimientos revolucionarios en América Latina.

Históricamente, dicha insurrección ha tenido, asimismo, implicaciones en la expansión del proceso de rebeldía, insumisión e insurrección política que América Latina ha vivido durante las últimas dos décadas. El liderazgo del Comandante Hubo Chávez, como el de Fidel Castro Rus, ha sido fundamental en la gestación de un nuevo bloque de poder latinoamericano, que hoy transcurre con la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Con esto se ha logrado mermar sustancialmente la hegemonía de EEUU y la Organización de Estados Americanos (OEA) ha recibido un duro golpe como organismo al servicio de los mandatos del imperio. Desde esta iniciativa, además, se han logrado gestar varias derrotas al imperio, la más significativa quizá está representada en el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), proyecto expansionista más grande de EEUU, que pudo haber sumido a América Latina en la absoluta dependencia y dominio neocolonial. Además, como ha dicho Atilio Borón, el protagonismo del Comandante Hugo Chávez fue esencial para reconfigurar el mapa político de América Latina a partir de promover y hacer avanzar la unidad latinoamericana.

Los héroes bolivarianos que protagonizaron la insurrección armada en 1992, encabezados por su Comandante Hugo Chávez, nos enseñaron que para gestar una correlación de fuerzas distinta, se necesita una acción política trascendente capaz de articular política e ideológicamente hacia un mismo sendero revolucionario. Esa insurrección nos legó, además, a un político y una forma de hacer política sin tapujos, nombrando las cosas como son (“Aquí huele a azufre” como metáfora de política insumisa al imperio), sin las mediaciones de una diplomacia burguesa que se escondía y se esconde en lo políticamente correcto, que al final de cuentas es la obediencia al imperio y al capital. Nos legó un político y una política que se orienta a construir una cultura política popular, asentada en las causas de las grandes mayorías, en la democracia participativa, en los consejos populares, en la movilización social protagónica, en el sujeto pueblo.

Desde 1992, Hugo Chávez se convirtió en el fantasma que recorre América Latina, en el antagónico político, ideológico y económico de las oligarquías, de las burguesías, de los sistemas políticos del statu quo, e inclusive, de los partidos y organizaciones de izquierda acomodadas, desesperanzadas, proclives a volver los partidos comunistas en socialdemócratas, cuando no a su liquidación, y a los socialdemócratas en neoliberales o simplemente en marginales e inofensivos.

Sin duda, el proceso iniciado con la insurrección de 1992, que ha tenido fundamentales aciertos, aunque también errores y contradicciones –como lo han reconocido sus propios líderes–, seguirá nutriendo los procesos revolucionarios en América Latina, y su líder histórico, Hugo Chavez Frías, seguirá inspirando a movimientos y fuerzas políticas que propugnan por construir el Socialismo, que buscan derrotar al imperialismo (como fase capitalista y como ejercicio de poder del imperio estadounidense), por erradicar la desigualdad y el hambre que padecen nuestros pueblos.

Estamos a un año de la desaparición física del Comandante de la insurrección de 1992 en Venezuela. Y no obstante, podemos afirmar, que su legado es un ideal que recorre América Latina, y la seguirá recorriendo por muchos, muchos años. Es el ideal de Hugo Chávez Frías, cuyo comienzo histórico es –con precisión– la insurrección de 1992. Su entrega heroica y solidaria hasta sus últimas consecuencias, hace que Hugo Chávez Frías continúe vivo en la lucha de pueblo bolivariano de Venezuela, que enfrenta una nueva arremetida del imperialismo y de la burguesía local y regional.

En conclusión, la insurrección de 1992 es, sin duda, un hecho histórico cuyas consecuencias aún se gestan en Venezuela y en América Latina, en la búsqueda por lograr la justicia plena, la dignidad y la soberanía de nuestros pueblos, por lograr la verdadera independencia de Nuestra América en palabras de José Martí y por construir la Patria Grande que soñó con lucidez Simón Bolívar.




[1] Esta es una versión corregida y ampliada de mi ponencia al foro convocado por la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela para analizar este hecho histórico, realizado el 12 de febrero de 2014 en ciudad de Guatemala.
[2] En Guatemala, habrá que recordar, que producto de una insurrección cívica y militar en 1944, se inició un proceso democrático de carácter revolucionario, que fue truncado en 1954 con el golpe de Estado al gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán. A partir de ahí se inicia un proceso de represión generalizada en contra de la oposición popular y de izquierda, uno de los factores que explica que se asumiera la vía armada como forma de acceder al poder y gestar la transformación del país.

12 de febrero de 2014

GOLPE INSTITUCIONAL DE LA CORTE POLÍTICA DE CONSTITUCIONALIDAD EN GUATEMALA

Por Mario Sosa

Usualmente por Golpe de Estado entendemos aquella acción consistente en la toma del poder político de forma inconstitucional, por procedimientos anti democráticos, ajenos a la institucionalidad establecida para el relevo en la conducción política. En nuestro caso, el Golpe de Estado ha sido sinónimo de asonada militar, siempre con la venia del poder económico dominante y a veces hasta de la jerarquía católica y evangélica.

Para el caso que nos ocupa, en Guatemala asistimos es a un Golpe Institucional, a cargo de la Corte de Constitucionalidad (CC), en contra de otra institución autónoma del Estado: el Ministerio Público. Este Golpe Institucionalidad se realiza cuando la CC, con fecha 5 de febrero de 2014, emite un fallo preliminar que acorta el período de cuatro años para el que fue designada Claudia Paz y Paz, actual Fiscal General de la Nación.  Adicionalmente,  en este fallo preliminar, ordena al Congreso de la República la elección de la Comisión de Postulación, la cual tendría la tarea de iniciar el proceso de selección de sustituto. Es decir, la CC ordena acortar un período constitucionalmente establecido, con lo cual realiza un acto que atenta en contra de la autonomía –de carácter constitucional– del Ministerio Público.

Dicho Golpe Institucional, además de afectar la institucionalidad del Ministerio Público, atenta contra quien conduce dicha entidad, la reconocida abogada Claudia Paz y Paz. Paz y Paz ha tenido la virtud de lograr en tres años la recuperación de la autonomía de la Fiscalía y hacerla eficiente y eficaz en la persecución del delito en nuestro país, agobiado precisamente por el legado de violencia, corrupción y crimen de quienes históricamente han tenido la capacidad de dirigir, desde la escena o tras bambalinas, al Estado guatemalteco.

Más allá de esta implicación jurídica e institucional, es evidente como la Corte de Constitucionalidad emite, nuevamente, un fallo político dictado por sectores de poder económico y político. Aquellos que históricamente han determinado el destino del país, ya sea por la vía “democrática” o por la vía de la dictadura más sanguinaria, como aquella que registró su máxima expresión con la política contrainsurgente y genocida durante la segunda mitad del siglo XX.  El objetivo ha sido retomar el control del Ministerio Público, para garantizarse impunidad o, en su caso, la persecución judicial solamente en contra de aquellos que les resultan incómodos a sus objetivos de acumulación y dominio.

A propósito de este hecho, en mayo del año 2013 escribí un artículo titulado “Corte política de constitucionalidad en Guatemala”.  En éste hacía un análisis del carácter político que cumplía dicha Corte en el caso que retrotraía el juicio al genocida Ríos Montt, como una orden de quienes históricamente han tenido capacidad de veto en el país, es decir, la oligarquía, en este caso articulada en el Comité Coordinador de Asociación Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras –CACIF. Era claro como la condena por genocidio contra Ríos Mott, atentaba en contra del régimen político que, en su carácter contrainsurgente, garantizó el dominio de dicha oligarquía. Que aquellos que detentan el poder económico del país aceptaran dicho fallo, entonces, implicaba no solamente deslealtad hacia los militares que les sirvieron fielmente a riesgo de este tipo de juicios, sino también, abrir la posibilidad para que prominentes empresarios que hicieron parte de la estrategia genocida y procedentes de las familias más poderosas del país, fueran también juzgados por este u otros delitos relacionados.

Por ello no extraña este nuevo fallo de la Corte política de Constitucionalidad (CpC), que envuelto en un manto de falsa jurisprudencia, no ha dejado de tener críticos inclusive en constitucionalistas conservadores y defensores del llamado Estado de Derecho. Y es que los burdos y güisacheros argumentos de la CpC son cuestionables por su carácter inconstitucional y por sus consecuencias políticas e inconstitucionales.

No extraña tampoco como se fue tejiendo la mascarada. Desde el recurso de constitucionalidad interpuesto por Ricardo Sagastume (abogado corporativo y vinculado con estructuras contrainsurgentes articuladas en la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala), pasando por un fallo de carácter preliminar en la cual, contradictoriamente, la CpC ordena iniciar proceso de selección de nuevo Fiscal, la negativa al recurso de revocatoria interpuesto por la Fiscal General de la Nación, hasta llegar al Congreso de la República (10 de febrero de 2014), donde los serviles y señalados políticos de siempre, ni lentos ni perezosos, abrieron cauce a la integración de la Comisión Postuladora. Y tal parece que este proceso no tiene vuelta atrás.

Es necesario recordar que la CpC, finalmente es parte de un andamiaje jurídico que al proceder de una Asamblea Nacional Constituyente en manos de la oligarquía y el ejército, fue pensada como un organismo investido de máximo órgano constitucional, encargado de avalar aquellas decisiones trascendentes orientadas a la defensa del statu quo. Por eso, antes que un ente jurídico, debe ser entendido como un ente político, cuya orientación se explica en la coyuntura política, en la correlación de fuerzas realmente existente en el país, que en este caso favorece al capital, a la burguesía, a la oligarquía en particular, a sus operadores políticos, a sus operadores contrainsurgentes, y a las mafias que devendrán en capitales “honorables” con el transcurrir del tiempo.

En el afán de defender a ultranza sus intereses económicos y políticos, y mantenerse en la impunidad, son capaces de ejecutar un Golpe Institucional y pasarse por al arco del triunfo las normas que instituyeron en la Constitución Política de la República de Guatemala de 1985, que tal parece está llegando a su término como ordenamiento jurídico del país.
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