25 de julio de 2012

REFORMA CONSTITUCIONAL Y PODER CONSTITUYENTE POPULAR

Por Mario Sosa
http://www.albedrio.org/htm/articulos/m/msosa-047.html

La propuesta de reforma constitucional propuesta por el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, constituye un ejercicio de poder de un bloque político que, desde su visión conservadora e institucionalista, ha identificado cambios para corregir, supuestamente, determinados fallos que presenta el sistema. Bajo la tesis que esto abrirá la posibilidad de mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión gubernamental y del sistema de justicia, se ha planteado una reforma para la “modernización de la legislación”, en este caso de carácter constitucional.


Más allá de las aberraciones burocrático-técnicas en su redacción, en la falta de justificación, en sus incoherencias como propuesta de carácter constitucional, en la carencia de tino político para su gestión dentro del bloque en el poder, interesa en este artículo poner en consideración aspectos fundamentales y aportar hacia una posición política coherente desde búsquedas alternativas.

En un artículo anterior, titulado Reforma constitucional en Guatemala: preguntas iniciales , planteaba algunos elementos relacionados con las implicaciones de la propuesta de reforma gubernamental en la coyuntura política actual, vistas desde una perspectiva de izquierda revolucionaria. Sin embargo, es necesario recuperar elementos adicionales que sitúen otras implicaciones políticas que –de forma explícita o implícita– contiene tal propuesta y su proceso.

1) La propuesta contiene modificaciones al texto constitucional que se sitúan en el ámbito del sistema de justicia y seguridad, el sistema político, la administración y gestión pública, la transparencia y rendición de cuentas, y el presupuesto y el fortalecimiento fiscal. Algunas de estas modificaciones, como las que instituyen el Servicio Civil y el aumento del 2% al 4% del presupuesto de ingresos del Estado para la Corte Suprema de Justicia, son indudablemente necesarias y seguramente insuficientes. Aparecen en la propuesta, asimismo, un conjunto de modificaciones que no ameritan su inclusión en la carta magna, siendo que podrían y debieran ser objeto de leyes ordinarias, tales los caso del servicio civil, los fondos sociales, los fideicomisos, las contrataciones del Estado, entre otros. Aparecen también aberraciones como la pretensión del presidente para ser facultado en la concesión de pensiones extraordinarias a militares y policías.

2) Resulta relevante que, en tanto ejercicio de poder, quienes proponen tales reformas, han concebido y desarrollado un proceso de formulación tecnócrata, antidemocrático y sin asertividad política para evitar el inmediato rechazo que generaron en sectores de poder con capacidad de veto.

No obstante, ha sido claro cómo varias organizaciones gremiales del empresariado como el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras –CACIF– y en específico la Cámara de Comercio, la Gremial de Industrias Extractivas, así como bancadas del Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia, la Universidad de San Carlos de Guatemala, el Arzobispado Metropolitano, el Colegio de Abogados de Guatemala, se han posicionado en contra de determinados artículos o de la propuesta en su conjunto, pues la consideran cuestionable, critican el momento en el cual se propone, o se oponen a determinados artículos que afectan sus intereses particulares de casta, de clase social dominante o de elites burocráticas.

Está pendiente, como se ha planteado, saber con certeza si estas posiciones son definitivas o una forma de obligar a negociar la propuesta final. Mientras esto sucede, ha sido evidente la elasticidad con la cual está actuando el presidente de la república al ceder en la todavía desconocida supresión o modificación de artículos propuestos, en su búsqueda del apoyo de actores con poder para hacer avanzar la misma. De hecho, según declaraciones públicas, pareciera que el gobierno ya declinó en artículos relacionados con: A) La explotación de recursos naturales: Que establecía que el Estado “podría” ser titular de hasta el 40% de la propiedad o participación patrimonial de toda empresa que explote recursos naturales; B) Con la Corte de Constitucionalidad: Que incluía el aumento de magistrados, las instancias intervinientes y el mecanismo para su elección; C) Con las reformas constitucionales futuras: Que establecía como único mecanismo la Asamblea Nacional Constituyente, suprimiendo la consulta directa a la ciudadanía; D) Con el Tribunal Supremo Electoral: Que establecía el número de miembros, su forma de elección y los actores participantes en esta. Esto sucede precisamente por no responder a los intereses de quienes tienen, en última instancia, capacidad de veto o de imposibilitar la continuidad del grupo encabezado por Otto Perez Molina en la gestión gubernamental. Implican, además, que los artículos en cuestión serán eliminados o modificados sustancialmente, por lo que se desconoce la propuesta que finalmente enviará el ejecutivo al organismo legislativo, para ser aprobada y enviada a consulta popular.

3) En su búsqueda de reforma constitucional, el gobierno ha decidido un proceso del cual están excluidos un conjunto de sujetos que por su representación mayoritaria debieran ser parte en el repensar la constitución política de nuestro Estado. Me refiero a la clase trabajadora, a los pueblos indígenas, al movimiento campesino, al movimiento de mujeres, entre otros. Contrariamente, ha presentado la propuesta a diversos actores procedentes del capital transnacional y local, de otros organismos estatales y de determinadas representaciones como las universidades, e inclusive de una instancia internacional: la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la cual incluso se ha atribuido el derecho de plantear recomendaciones en la materia. Es decir, ha optado por un proceso excluyente, lo cual hace que se caracterice por adolecer de procedimientos democráticos y participativos en la formulación, discusión y consenso de la propuesta inicial y final.

4) Coherente con la exclusión anterior, la propuesta gubernamental carece del análisis histórico y estructural de la problemática nacional, que fundamente y de vida a una propuesta de reforma o de nueva constitución política, teniendo como punto de partida el agotamiento del modelo de acumulación de capital y del sistema político, o aun más profundamente planteado, del agotamiento del sistema capitalista, incapaz de garantizarnos el bien común, la seguridad, la equidad, etc.

En ese sentido, tampoco pone en cuestionamiento el carácter de la nación y el Estado. Por ejemplo, cómo concebir eso que llamamos nación, esa sociedad abigarrada, que en su configuración contiene pueblo originarios que históricamente han sido desconocidos, negados y, a lo sumo, folklorizados –como hace la propuesta gubernamental en lo relativo a los pueblos indígenas. En ese sentido, se obvia el contenido multiétnico que caracteriza a la sociedad guatemalteca y que se expresa en la diversidad de cosmovisiones, idiomas, literatura, conocimientos, identidades étnicas, en la existencia de sistemas jurídicos y de salud, en formas de producción, organización, autoridad y representación política que se articulan en sistemas políticos propios (como las alcaldías indígenas). Se niega la existencia de sujetos colectivos, como los pueblos indígenas, desde los cuales podría replantearse el carácter, organización, etc. del Estado guatemalteco.

El Estado guatemalteco, en su dimensión normativa, política e institucional, es evidente que no nos sirve para resolver las graves y profundas problemáticas que enfrentamos. Ese Estado, que se pretendió fuera liberal, ha sido una entidad al servicio de los intereses –que no proyecto– de la clase históricamente dominante, del capital en su conjunto y del imperio estadounidense. Por eso debe ser refundado y no reformado para refuncionalizarlo como lo propone el actual gobierno.

Claro está que no podemos pedirle peras al olmo. Un gobierno derechista y policial, supeditado a sus financistas y grupos de influencia oligárquica y militar, no podría concebir una alternativa que refunde el Estado convirtiéndolo en pluriétnico, federal o plurinacional, garante efectivo del bien común, de la soberanía, la igualdad, la solidaridad, de los derechos humanos, etc. que llevarían a reorganizarlo política y administrativamente, a darle un lugar esencial en la economía, en la seguridad integral, etc. en función del Ser Humano.

En la propuesta, ni siguiera hay un mínimo de cuestionamiento al “modelo de desarrollo”, mucho menos se plantean asuntos esenciales relacionados a la democratización de los factores de producción, a la orientación pública de los recursos naturales, a la recuperación de las áreas y sectores estratégicos de la economía, al régimen de propiedad y apropiación del territorio y sus elementos, al régimen tributario; tampoco se plantean conceptos como el de la soberanía alimentaria, la nacionalización, una estructura tributaria progresiva y justa, una estructura agraria democrática, entre otros que son esenciales para cambiar el statu quo.

Tampoco está planteando o replantando el tema de la ciudadanía y los derechos, en donde se reconozcan sujetos colectivos como concreciones de esa ciudadanía diversa, o asuntos relacionados a la participación ciudadana en el proceso de las políticas nacionales y de las políticas públicas en particular, a la democratización de esto que llamamos “democracia”, a los derechos de la clase trabajadora, de los pueblos indígenas, de las mujeres, de la niñez y la juventud, o los derechos de la naturaleza.

La propuesta tiende a consolidar el modelo de acumulación de capital en lo relativo a la desposesión de recursos públicos, pues en formulación que se pretende queden plasmadas en la constitución, se constitucionalizan política de privatización, concesión, explotación de recursos naturales, etc., afianzando el carácter ideológico neoliberal y el carácter económico explotador, de expolio y despojo que le define. Tiende a consolidar, entonces, la dependencia, el atraso y la miseria predominantes.

La propuesta tiende a consolidar un sistema político en el cual, el capital y sus lacayos, son quienes administran, controlan y deciden el curso histórico y la orientación táctica del Estado. Afianza el clientelismo político y el caciquismo regional como articuladores del sistema político, el bipartidismo y, posiblemente, la concreción de dos cámaras (una de 20 y otra de 120, como podría quedar establecido en reformas posteriores a la Ley Electoral y de Partidos Políticos emanadas de esta tentativa constitucional) como era el sueño de los ultra neoliberales de Pro-Reforma, al “mejor” estilo anglosajón. Esto, en las condiciones actuales, configuraría un sistema político con dos fuerzas principales: la derecha y la extrema derecha, ambas retrógradas, neoliberales y serviles, lo que es decir, el afianzamiento de un sistema reproductor a ultranza del actual modelo de acumulación de capital, más fácil de controlar para el capital transnacional y el imperio estadounidense, y carente de representación y legitimidad.

5) La procedencia, el procedimiento de formulación y el carácter de la propuesta de reforma constitucional, hace que la misma vaya contra los intereses de la clase trabajadora, los pueblos indígenas y demás sectores populares, explotados y oprimidos. Igual o peor será al concretarse negociaciones que pudieran darse con la cúpula oligárquica o al momento de finiquitarse en un Congreso de la República profundamente conservador, clientelar y entreguista.

6) En el marco de una correlación de fuerzas que favorece los intereses del capital, de la oligarquía y del sometimiento hacia Estados Unidos, es iluso pensar que la formulación de propuestas y las “estrategias” de incidencia puedan ser alternativa para los movimientos y organizaciones procedentes de los pueblos en Guatemala. Peor aun, cuando se actúa desde una perspectiva fragmentada, sectorial y temática al momento de plantearse el análisis, la discusión y pretensión por “incidir” desde la desorganización y desde la falta de claridad sobre el proceso, la propuesta y la correlación de fuerzas existente.

Esto sólo será útil para legitimar un proceso antidemocrático y una propuesta que consolida los intereses y la correlación de fuerzas histórica, el régimen político y la democracia de fachada, escenario desde el cual el gobierno plantea su propuesta.

7) En este contexto y con esa propuesta de reforma constitucional, es necesario entonces preguntarse: ¿Cuál es la alternativa ante un poder constituyente que sintetiza el pacto entre elites o, mejor dicho, entre la oligarquía, las castas políticas, militares y económicas?

Esto nos lleva a proponer la necesidad de superar las perspectivas a-históricas, sin fundamentación ideológica, sumisas y cooptadas por el sistema, fragmentadas, temáticas, sectoriales.

Es de fundamental importancia recuperar nuestro poder, en un ejercicio efectivo y estratégico, que nos permita acordar una posición política clara. Una posición que en este momento pasa por oponerse, sin ambigüedad, a la propuesta de reforma constitucional o al producto que resulte después de que los mismos de siempre la cocinen de espaldas al pueblo.

Ahí está la coherencia en este momento: En recuperar y hacer efectiva la soberanía popular en una oposición articulada a la pretensión actual de reformar la constitución. Y, a futuro, en recuperar el poder constituyente del pueblo.